El vicepresidente contradice a Azmani y cifra el coste del nuevo Ejecutivo en 1,8 millones de euros al año, sin contar con los salarios de directivos de las empresas públicas y patronatos.
El Gobierno melillense no ha tardado en responder las críticas que vertieron ayer los tres partidos de la oposición por separado, relacionadas con el gasto que supondrá a las arcas públicas la nueva composición del Ejecutivo autonómico y a la posibilidad de que los diputados cobren una retribución compensatoria como indemnización ante incompatibilidades entre su cargo político y su puesto de trabajo al servicio de la administración pública.
Fue el vicepresidente del Gobierno de Juan José Imbroda, Miguel Marín, quien compareció ante los medios de comunicación para dar contestación a las declaraciones efectuadas por la oposición, comenzando por las del socialista Amin Azmani, quien aseguró el pasado miércoles que el nuevo Ejecutivo supondrá un gasto anual de 2,3 millones de euros, un cinco por ciento más que durante el último mandato.
En este sentido, Marín acusó al dirigente del PSOE de ofrecer a la opinión pública “una información que no se asemeja en nada a la realidad”. Así, rebatió las palabras de Azmani asegurando que los miembros del Gobierno han pasado de 22 a 20, entre consejeros y viceconsejeros, lo cual supondrá un ahorro de 224.000 euros más al año que durante los últimos cuatro ejercicios.
Además, matizó que el personal eventual se ha reducido en cuatro miembros, quedando establecido en 26 y posibilitando que se desembolsen 152.000 euros menos.
El ahorro total será de 326.000 euros al año, según los cálculos de Marín, lo cual significa que el coste anual del Ejecutivo de Juan José Imbroda sería de 1,8 millones de euros aproximadamente, aunque el vicepresidente señaló que no había incluido en el cómputo global los salarios de los presidentes de empresas públicas y de los distintos patronatos.
Por tanto, aseguró que desde las filas del Ejecutivo de Imbroda, se tiene “clara conciencia de la responsabilidad que supone poner en práctica auténticas medidas de ahorro y austeridad”, al tiempo que recalcó que las cuentas de la Ciudad Autónoma están “completamente saneadas”
Capacidad de anticipación
Al hilo de su intervención en rueda de prensa, el segundo de abordo del Gobierno melillense subrayó que este tipo de medidas no son nuevas en la ciudad, pues ya se pusieron en práctica algunas hace tres años aproximadamente, cuando la crisis no había alcanzado aún su etapa más crítica.
En este sentido, recordó que por aquel entonces la Administración local decidió congelar el sueldo de los miembros del Gobierno.
Del mismo modo, cuando llegó la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de rebajar un cinco por ciento el salario de los empleados públicos, el Ejecutivo local optó por hacer lo propio en un diez por ciento con el de los integrantes del Gobierno.
Así pues, no le restó más que ratificar la capacidad de anticipación de la Ciudad Autónoma, al tiempo que conminó a los dirigentes del PSOE “a dejar de engañar a los melillenses con falsedades e incoherencias”.
“Este es uno de los gobiernos más reducidos de toda España”, aseguró Marín ante los medios de comunicación, “todo lo que se diga para desmentirlo obedece a un intento de utilizar información falsa que en nada se parece a las cuentas que manejamos en el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma. Nuestra prioridad es el bienestar de los melillenses y nuestros principios la seriedad, la honestidad y la honradez”, concluyó el vicepresidente del Gobierno local.
Fomento se pondrá en marcha la próxima semana.
A preguntas de los periodistas, Marín se pronunció sobre cómo ha sido su primera toma de contacto con su nueva consejería, la de Fomento, Deporte y Juventud.
En este sentido, aseguró a los medios de comunicación que la semana que viene se comenzarán a tomar las primeras decisiones, así como que por el momento no había decidido la organización interna de la Consejería, pues se encontraba estudiando la situación de las distintas áreas que abarca, las cuales son nuevas para el vicepresidente después de haber pasado el último mandato en Administraciones Públicas.
UPyD y PDM solicitan una austeridad férrea al Gobierno local.
El coordinador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Melilla, Emilio Guerra, solicitó ayer en nota de prensa la“eliminación” de entes, empresas, sociedades, fundaciones públicas, patronatos y sociedades participadas de la Ciudad Autónoma, que una vez evaluadas, “se consideren innecesarias o cuya ineficacia resulte manifiesta”.
UPyD considera que los procedimientos de selección de directivos y gestores de las referidas empresas, han de ser “públicos y transparentes”. Asimismo, deben darse a conocimiento general los currículos que presenten todos los aspirantes a esos cargos, así como las retribuciones económicas, blindajes en su caso, retribuciones en especie y funciones que puedan percibir.
Para el upedista, las referidas empresas, sociedades, patronatos y fundaciones municipales, “deben rendir cuentas” ante el Pleno de la Asamblea mediante un informe que también estará a disposición también de los ciudadanos.
Por su parte, el Partido de los Demócratas de Melilla (PDM), aseguró que la posibilidad de que los diputados de la Asamblea cobren un salario supone una auténtica “alarma social”, al tiempo que afirmaron que de llevarse a cabo “deslegitimaría la Asamblea”, por lo que pidieron a los miembros del Gobierno local “sensibilidad” para no llevarla a cabo.
