La fiscal le pide ocho años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa
El martes que viene dará comienzo el juicio del ‘caso Arquitecto’, en el Miguel Marín es el único acusado. Se le imputa un delito de prevaricación administrativa por el que el Ministerio Fiscal le reclama ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en la Administración. El actual presidente de la Autoridad Portuaria comparecerá a las 10:00 horas ante el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla.
Marín tendrá que responder por unos hechos que tuvieron lugar entre agosto de 2006 y julio de 2007, cuando ocupaba el cargo de consejero de Administraciones Públicas. Al parecer de la Fiscalía, incumplió la normativa de la Ciudad Autónoma de Melilla para tratar de mantener el puesto de trabajo de un arquitecto que había sido contratado de forma temporal para cubrir una baja laboral.
Por un lado, la fiscal relata en su escrito acusatorio, al que ha podido acceder El Faro, que no se dio de baja el contrato de este arquitecto en los días en los que el titular del puesto volvió a darse de alta. “Existió un puesto de trabajo que fue ocupado por dos personas distintas, con claro incumplimiento de la normativa y la clara intención de mantener en el puesto de trabajo a I. J. R.”, manifiesta el Ministerio Público.
Pero no es la única irregularidad que reseña y de la que acusa a Marín. Según expone en su escrito, al quedarse libre la vacante de un funcionario a causa de su jubilación, el ex consejero concretó la extinción del anterior contrato del arquitecto, que era temporal y sólo contemplaba el tiempo que durase la baja del titular. Al día siguiente, esta persona fue nuevamente contratada, con unas condiciones “mucho más beneficiosas”.
Incumplimiento “grotesco”
De esta manera, la fiscal señala que el acusado incumplió la orden que regula las bases de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma. También violó el artículo 26.3 del VIII Convencio Colectivo, según el cual los trabajadores deben poner en conocimiento el cese de sus puestos con un plazo no inferior a 15 días de antelación.
“Con esta actuación, el acusado intencionadamente benefició a I. J. R., al considerarle el primer aspirante de la bolsa B de trabajo de larga duración, cuando debería haberse considerado fuera de bolsa”, mantiene la Fiscalía. Según expresa en el documento acusatorio, Marín incumplió “de manera grotesca” la normativa aplicable.
Además de la Fiscalía, en este procedimiento están personados como acusación particular Manos Limpias, Coalición por Melilla (CpM) y Dionisio Muñoz Pérez, ex secretario general del PSOE en Melilla. Reclaman diez años de inhabilitación especial.
Cabe recordar que el Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla inicialmente también estaba personado como acusación particular en el ‘caso Arquitecto’. Sin embargo, en septiembre de 2016 decidió retirarse del procedimiento.
Por la otra parte, la letrada María José Aguilar Silvetti será la responsable de defender al presidente de la Autoridad Portuaria en esta causa. El Faro trató de ponerse en contacto con Marín, quien declinó hacer declaraciones puesto que “ahora lo que procede es esperar la celebración del juicio”.
