El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, ha asegurado esta mañana que la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia, prevista a partir del próximo 1 de julio, representará “un cambio organizativo histórico” en el sistema judicial español.
“Los Juzgados se crean nada menos que en el año 1835 y es una estructura organizativa que todos sabemos que hace mucho tiempo ya que no era la adecuada para atender al volumen como al tipo de litigiosidad que contamos desde hace décadas”.
Olmedo se encuentra en nuestra ciudad con motivo de las XXX Jornadas de Derecho “Enrique Ruiz-Vadillo”, pues esta mañana ha intervenido en una mesa redonda en la que se ha tratado una aproximación a la Ley Orgánica 1/2025, de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia.
Tal y como ha señalado en la ponencia el secretario de Estado, la implantación de los Tribunales de Instancia se realizará en tres fases: Julio de 2025 para los partidos judiciales más pequeños, octubre para los medianos y enero de 2026 para los grandes tribunales.
Este calendario escalonado, ha explicado Olmedo, permitirá obtener una valiosa experiencia en las primeras fases que será clave para afrontar con éxito la implantación en las jurisdicciones más complejas.
“Ya estamos trabajando en la tercera fase y abordando sobre la marcha tanto los problemas previstos como otros nuevos que han surgido en el proceso”.
El secretario de Estado ha defendido que el nuevo modelo permitirá una mayor especialización y eficiencia.
“Un ejemplo claro es el caso de los procedimientos monitorios, que suponen alrededor del 60 % del trabajo en los juzgados de primera instancia. La nueva estructura permitirá su robotización y tramitación automatizada, liberando una parte considerable de la carga de trabajo”.
Olmedo ha subrayado además que los Tribunales de Instancia estarán respaldados por un marco normativo y tecnológico actualizado, gracias al Real Decreto-Ley 6/2023, que adapta las leyes procesales a los retos de la digitalización.
“La transformación digital no puede existir sin una transformación normativa. Esta ley proporciona la seguridad jurídica necesaria para aplicar la tecnología en el ámbito judicial”.
Nueva organización y más recursos humanos
La transformación también implica una reorganización del personal y de las funciones dentro de la oficina judicial, según afirmó Olmedo.
“Estamos elaborando un nuevo Real Decreto para adaptar los puestos de trabajo de los cuerpos de funcionarios a esta estructura”.
Asimismo, en su intervención, ha recordado que el Gobierno de España ha aumentado un 25 % la inversión en justicia en esta legislatura y que se ha aprobado la creación de 87 nuevas plazas judiciales y fiscales especializadas en violencia sobre la mujer y la infancia.
Algo que va unido a la convocatoria de oposiciones, ha apostillado, recordando que la semana pasada el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, anunció que para los próximos años 2025, 2026 y 2027; se van a crear 360 plazas de turno a las que se suman 120 plazas de cuarto turno, lo que supone casi 1.500 plazas de turno libre y de cuarto turno. “La mayor convocatoria que ha existido en la historia”, ha valorado.
Durante su intervención, Olmedo ha destacado el trabajo conjunto con las comunidades autónomas y la labor del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), que ha permitido la aprobación de modelos digitales obligatorios para los procedimientos más comunes, como el monitorio. También ha valorado el desarrollo de sistemas informáticos compatibles a nivel nacional, como Atenea/Minerva o Avantius, que ya permiten la interoperabilidad en 12 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta.
“La digitalización completa no es una opción, es una necesidad y será afectiva gracias a que viene acompañada de certidumbre legal, interoperabilidad tecnológica y una estructura organizativa adaptada”.
Por último, el secretario de Estado ha insistido en que los Tribunales de Instancia también permitirán una mayor unificación de criterios, especialmente en primera instancia, donde hasta ahora existía una gran dispersión en la práctica judicial.
“Esta colegiación funcional permitirá más coherencia, más seguridad jurídica y una justicia más ágil y cercana al ciudadano”.
