Los trabajadores del 061 anunciarán los próximos días las fechas de una huelga en el servicio de ambulancias, dado que sus peticiones al Gobierno central y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de que les devolvieran la ambulancia que se retiró en agosto no han surtido efecto.
Varias decenas de trabajadores del sector se han concentrado este jueves por la mañana frente a la Delegación del Gobierno para protestar por la situación que están viviendo ellos, por una parte, y, por otra, los ciudadanos, que son quienes sufren las consecuencias de este recorte con grandes esperas o la imposibilidad de llegar a consultas o a rehabilitaciones.
Así lo ha explicado el delegado sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT) como el más representativo en el sector, Miguel Leal, quien ha exigido “una restitución de recursos inmediata”. “Ahora mismo, puede estar demandando una ambulancia gente a la que le haga falta y no tener ese recurso disponible”, ha lamentado Leal, quien también ha indicado que han expuesto estas reclamaciones a sus gestores y éstos han hecho “caso omiso”.
De hecho, el delegado sindical ha recordado que, antes de la de este jueves, ya habían llevado a cabo dos concentraciones en las que tuvieron “muy buena fe” con la Administración, ya que tampoco querían crear “alarma social” ni llegar a movilizaciones más graves. Sin embargo, vista la respuesta por parte del Gobierno –que, según Leal, no sólo no ha cumplido con sus compromisos, sino que les ha “mentido”–, no han tenido, han dicho, otra opción que llevar a efecto la huelga.
Los trabajadores del 061 consideran que la ambulancia retirada en agosto, que realizaba servicios de urgencia, es muy importante para su labor. De hecho, Leal ha negado que el vehículo fuera puesto en su momento como refuerzo contra el covid y cargó contra el director territorial del Ingesa, Omar Haouari, quien, según él, les prometió que en septiembre volvería la ambulancia y no ha sido así.
Leal ha insistido en que todos los recursos que se les retiren inciden para mal en los ciudadanos, quienes son los auténticos perjudicados.
Sus reivindicaciones, por lo tanto, no tienen tanto que ver, ha dicho, con la situación de los trabajadores –que también–, sino con la calidad asistencial que se realiza a la ciudadanía.
Actualmente hay en el 061 dos ambulancias convencionales y una UVI móvil. El problema, ha detallado Leal, es que, al haber perdido la segunda, sus servicios –una media de 800– deben ser absorbidos por una de las normales. “Eso conlleva que no nos da tiempo a llegar a las urgencias y que haya servicios en cola”, ha lamentado el delegado sindical, quien ha deslizado que, por otro lado, tampoco pueden realizar labores de seguridad e higiene en el trabajo, desinfectar la ambulancia, ni reponer las unidades.
“Aparte de la carga de trabajo, que es impresionante”, ha añadido, y ha recordado que, durante los últimos tiempos, han tenido que lidiar con olas de calor, la apertura de la frontera, la OPE, la playa o la Feria.
Leal ha criticado de nuevo la actitud del Gobierno, ya que, pese a las “promesas de inversión en sanidad” realizadas durante las pasadas elecciones generales del 23 de julio, “no han invertido, sino todo lo contrario”. Además, ha asegurado que a estos trabajadores no les vale que se excusen en que se encuentran en funciones, sino que lo que les sirve a ellos es que “hoy día a la ciudadanía se le está dando un pésimo servicio, con tiempos de espera que no son asumibles”.
También ha querido desvincular de sus protestas a la empresa concesionaria, Ambulancias Melilla –cuyo contrato termina el año que viene–, porque “ha hecho un esfuerzo que hay que elogiar” en el sentido de que, pese al recorte de una ambulancia, no ha despedido a ningún trabajador, siempre con la confianza de que el vehículo regresaría pronto a Melilla.
Sin embargo, el delegado sindical no tiene claro cuánto tiempo podrá la empresa seguir soportando “el esfuerzo de no rescindir el contrato de nadie”.
Actualmente, conforman la plantilla dos técnicos en emergencias en cada una de las dos ambulancias convencionales y, en la UVI móvil, aparte de esos dos técnicos, hay un médico y un enfermero.
En todo el servicio, son más de 40 técnicos, seis o siete médicos –aunque, según Leal, debería haber 11–, cinco enfermeros y siete u ocho teleoperadores.
Por todo ello, Leal ha vuelto a hacer un llamamiento a los gestores del Ingesa para que pongan “una solución más pronto que tarde”.
