Los trabajadores del centro de menores La Purísima se han concentrado en el mediodía de este miércoles 12 de noviembre frente a la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública para protestar por la prórroga del contrato con la empresa pública Tragsatec para la gestión del servicio de dicho centro por un año más.
En esta movilización se encontraban acompañando a los trabajadores el sindicato de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) Melilla.
En declaraciones a los medios, el secretario de Organización de la CGT de Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, denunció el "descaro" de la concesión del servicio de La Purísima a la empresa Tragsatec por un presupuesto de 8,3 millones de euros. Un escenario intolerable para Montenegro, pues según dijo, se trata de una empresa pública que debería estar ajena a todo tipo de lucro. "Le ha tocado la lotería", dijo.
Desde la CGT afirmaron que se están limitando las condiciones sociolaborales y económicas de la plantilla y se sigue ofreciendo un servicio inadecuado a los menores. En este sentido, Montenegro habló de una serie de "incongruencias" en las partidas del pliego de condiciones respecto al incremento del presupuesto.
Según Montenegro, en el pliego figuran partidas de 45 euros por 100 niños, lo que supondría 1,5 millones. Por otra parte, hay que sumar la partida de salarios y costes sociales de cada trabajador y multiplicarlo por 130 trabajadores en una plantilla menguante. Esta operación matemática daría un resultado de un presupuesto menor de 5 millones de euros, por lo que tal y como afirmó el secretario de Organización, "a Tragsa le sobran mínimo 2,3 millones".
A ello, Montenegro añadió que los trabajadores llevan sin tener una subida salarial desde el año 2023. Y es que según denunció, tanto Tragsa como la Ciudad sostienen que no se puede aplicar el IV y V convenio colectivo al estar el servicio gestionado por una empresa pública, por lo que esta depende de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, recordó que la tabla salarial que ha tomado Tragsa es la misma que cuando empezó a gestionar el centro.
"¿Por qué si son empresas públicas no se aplican las tablas que el Ministerio de Hacienda hace para todos los empleados públicos? Es un verdadero abuso y el culpable en este caso es el señor Imbroda y la consejera Randa Mohamed, que se están pasando 3 kilómetros".
Entre los trabajadores, el malestar es más que notable ante la congelación de sus salarios, pues tal y como aseguró Montenegro, este 2025 deberían haber tenido una subida salarial que no se ha aplicado.
Apelamos al presidente Imbroda
Por su parte, el presidente de CSIF Melilla, Luis Escobar, lamentó la "bunkerización" de la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, después de múltiples peticiones de reunión por parte de este sindicato que no han obtenido respuesta. Por ello, apeló directamente al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, a abrir un proceso de diálogo con los trabajadores de La Purísima.
Escobar recordó los problemas que se están dando en los pliegos con empresas encargadas de la gestión de centros de Políticas Sociales, como el Gámez Morón o el Centro Asistencial.
"Esta Consejería se está caracterizando durante esta legislatura por no escuchar a los trabajadores. Podemos asesorar para que no se cometan errores, porque luego quienes los pagan son los trabajadores y los propios usuarios".
Respecto a la aplicación del convenio, el presidente de CSIF Melilla manifestó que aunque se va a aplicar la subida del 2025 en las nóminas de noviembre, esta no se ha dado en los salarios de enero a octubre.
"No parece que haya mucha voluntad de solucionar este problema, ni por parte de la empresa ni por parte de la consejería, pero aquí estaremos nosotros para reclamarlo".
Mantener los puestos de trabajo
El centro La Purísima acoge actualmente a en torno a 110 menores, una cantidad mucho menor que en otras épocas, que son atendidos por 130 trabajadores. Este centro mantiene abiertos sus 5 módulos, por lo que Escobar subrayó que es imperativo ofrecer a los menores una asistencia mínima de calidad.
No obstante, Escobar no cree que en caso de que aumente el número de usuarios vaya a darse una subida en la plantilla. De hecho, cabe recordar como en momentos en los que el centro acogía a 1.000 menores, la plantilla era de 170 trabajadores.
"Mantener a los 130 trabajadores no es un favor de la empresa. El día de mañana pueden llegar más menores y darse una saturación. El número fluctúa y la experiencia así nos lo dice".
Carencias en el servicio
El contrato con Tragsatec entró en vigor el 11 de diciembre del año pasado y se acaba de renovar por un año más. Una gestión de un año en la que, de acuerdo con los trabajadores, se vienen sucediendo numerosas carencias en el servicio, así como en el mantenimiento de las instalaciones del centro.
Entre otras, denunciaron la ausencia de personal de cocina el pasado fin de semana, lo que obligó a que personas sin autorización de manipulador de alimentos ejercieran como cocineros o el hecho de que muchos trabajadores tengan que trasladar a los menores en sus vehículos particulares.
"Hay muchas razones para quejarse. Le hemos pedido por muchas vías a la consejera que nos informara sobre el nuevo contrato, pero nos hemos tenido que enterar por el BOME. El Comité de Empresa tiene derecho por ley a ser informado y a participar en todo lo relativo a las condiciones laborales de los trabajadores, pero aquí todo se ha hecho a escondidas y las condiciones no son desde luego las mejores".
