A las puertas del IES Rusadir se concentraron este jueves decenas de docentes procedentes de distintos centros educativos de la ciudad, en una convocatoria promovida por la Junta de Personal Docente No Universitario de Melilla. La protesta contó con el respaldo de todas las organizaciones sindicales representadas en la Junta, entre ellas FETE-UGT, USO, ANPE, CCOO-FE, SATE-Stes y CSIF, que se unieron para denunciar la situación límite que atraviesa el profesorado melillense como consecuencia de la violencia creciente que sufren en el ejercicio de su labor educativa. La concentración tuvo lugar a raíz de la reciente agresión sufrida por una docente del propio centro, quien fue golpeada con un pelotazo a la salida del instituto mientras varios estudiantes la insultaban, provocándole un hematoma craneal y un cuadro severo de ansiedad que requirió atención médica y obligó a la intervención de la Policía.
La concentración comenzó la llegada paulatina de docentes y representantes sindicales, mientras las puertas del centro se abrían de forma constante para que, compañeros y compañeras docentes del propio IES Rusadir se fueran sumando a la concentración. En la entrada, los profesores y profesoras que se dieron cita, desplegaron una pancarta con el lema “Estamos para enseñar. STOP violencia contra los docentes”, rubricada por la Junta de Personal Docente No Universitario de Melilla. Tras ella se situaron los profesionales y los representantes de los distintos sindicatos que participaron en la lectura del manifiesto, en el que expresaron su profundo malestar, su rechazo a los hechos ocurridos y la situación de creciente inseguridad y falta de respaldo institucional que padecen los profesionales de la educación en Melilla.
Sonia Heredia, de CSIF Educación, fue la encargada de abrir la lectura del manifiesto, denunciando que “el profesorado vive una realidad cada vez más difícil”. Añadió que “los centros educativos, espacios que deberían ser sinónimo de respeto, aprendizaje y convivencia, se han convertido en demasiadas ocasiones en un entorno hostil, donde los docentes y las docentes sufren agresiones verbales, presiones emocionales, acoso en redes sociales e incluso ataques físicos”. El manifiesto también señaló que la situación no es nueva, pero que los últimos informes de las organizaciones sindicales muestran una tendencia al alza de estos sucesos "que no deben ignorarse", resaltó Heredia. Además, aunque esta problemática recorre ancho y largo del país, el manifiesto sostenía que en territorios como Melilla "es especialmente grave, donde las cifras evidencian una realidad aún más dura". El manifiesto exige “un compromiso firme y urgente para garantizar la seguridad, la dignidad y la autoridad del profesorado”.
El manifiesto continuó exponiéndose con la voz de Elvira Sánchez, miembro del secretariado de SATE-Stes, quien aportó datos concretos sobre la dimensión del problema, señalando que “el 59% de los docentes en Ceuta y Melilla afirman haber sido víctima de violencia en el aula, una proporción superior a la media estatal, que es del 35%”. Entre las formas de agresión más habituales citó “los insultos, las amenazas y las mofas”.
A estas vejaciones se suman otros tipos de violencias. “El 86% del profesorado de Melilla declara percibir un aumento en las agresiones por parte de los alumnos, y casi un 79% constata un incremento de agresiones a docentes por parte de las familias”. De la misma forma, Sánchez explicó que uno de cada cinco docentes sufre distintos tipos de violencia de manera simultánea, lo que demuestra un deterioro generalizado del clima escolar y una profunda erosión de la convivencia en las aulas. Sánchez relató con detalle el reciente caso de agresión a la docente del IES Rusadir, asegurando que este tipo de hechos no son aislados y que “las respuestas institucionales ante estas agresiones siguen siendo desiguales e insuficientes, lo que incrementa la percepción e indefensión que tenemos el profesorado”. Para acabar su intervención de lectura del manifiesto, reprochó a los responsables políticos educativos su mayor interés por "la imagen negativa que pueda trascender que la protección de sus trabajadores".
A continuación intervino Daniel Aguilar, representante de USO, quien señaló que “las organizaciones sindicales hemos alertado de forma reiterada sobre la pérdida de autoridad del profesorado y la falta de respaldo institucional que agrava esta situación, que provoca un alto malestar, un aumento de bajas laborales e incluso el abandono de la profesión”. Aguilar insistió en que la violencia contra el cuerpo docente no es un hecho puntual, "sino un problema estructural que requiere medidas urgentes, homogéneas y efectivas en toda España, pero especialmente en Melilla”. Subrayó que “al profesorado no solo enseña contenidos; sostiene la cohesión social, acompaña emocionalmente al alumnado y sirve de referencia ética”. Por ello, esa labor esencial “debe reflejarse en su protección institucional”. “Ningún docente debe soportar agresiones físicas ni verbales", rezaba el manifiesto en palabras de Aguilar, señalando de forma contundente que la función del profesorado "es enseñar, no sobrevivir", una frase que recoge el sentimiento que traspasa cada día a cientos de docentes. "Nuestra vocación no incluye ser maltratados ni verbal, ni moral, ni mucho menos físicamente ni por el alumnado, ni por las familias, ni por las instituciones”, expresó.
Las demandas concretas de los profesionales educativos fueron presentadas por Rachida Mohamed, de UGT Educación, quien detalló las principales reivindicaciones consensuadas por todos los sindicatos. La primera exigencia es “una protección efectiva e inmediata del profesorado", mediante protocolos claros, homogéneos y de cumplimiento obligatorio en todos los centros educativos”. Demandaron, además en este punto, que se desarrolle “un sistema de denuncia accesible, transparente y que garantice la seguridad jurídica y emocional del profesorado”. Seguidamente, concretaron que esta protección efectiva también debe incluir un “refuerzo de la presencia y coordinación de equipos de convivencia, servicios de orientación y atención psicológica”.
El siguiente punto de exigencia de los y las docentes supone tomar medidas para el “reconocimiento real de la autoridad docente”. Bajo este epígrafe, plantean dos vías de actuación. Por un lado, desarrollar "medidas legislativas que refuercen la autoridad profesional del docente en su labor educativa". Por otro lado, abogaron por promover campañas institucionales y acciones educativas para lograr un "respeto explícito del alumnado y las familias al trabajo docente".
Ramón Gutiérrez López, secretario de Organización de Educación de Comisiones Obreras, continuó la exposición de demandas concretas del colectivo educativo. Así, Gutiérrez reseñó el tercer y cuarto punto de exigencias. Puso el foco en la necesidad de dotar al profesorado de formación y medios adecuados para hacer frente a esta realidad a través de “programas de formación específica en gestión de conflictos, ciberconvivencia y prevención de la violencia escolar” señalando la escasez de estos recursos entre el profesorado en activo. De la misma forma, se reclamó “recursos suficientes para atender la diversidad del aula y reducir la carga burocrática que dificulta la atención educativa, especialmente la bajada de ratios en grupos conflictivos para revertir dinámicas antisociales"
Por último, el cuarto punto expuesto en el manifiesto exigió un "compromiso estatal firme", destacando la iniciativa de establecer "una hoja de ruta compartida entre el Ministerio y las organizaciones sindicales para garantizar condiciones laborales dignas, seguras y respetadas en todo el sistema educativo".
Cerró la lectura del manifiesto Amalia Muñoz, en representación de AMPE Melilla, quien puso el acento en la dimensión social del problema y el alcance de la problemática más allá del aula. "La violencia contra el profesorado es una amenaza directa contra el sistema educativo y contra el futuro de nuestra sociedad", señaló, añadiendo que el cuerpo docente hoy afirma "con determinación y sin ambigüedades: Basta ya, defendamos a quien nos educa". Finalmente, Muñoz realizó un llamamiento a la acción colectiva.
Pero, esta llamada, esta voz alzada, no busca solo la movilización y concienciación de los profesionales de la educación; también de las familias, el alumnado, las administraciones, las organizaciones sindicales y la ciudadanía en general. "Debemos comprometernos a proteger y dignificar la labor docente. Sólo así construiremos escuelas seguras, respetuosas y capaces de ofrecer un futuro mejor para todos y todas", concluyó.
