La magistrada-juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número seis de Madrid ofrece dos conferencias sobre el control de las medidas alternativas y la pena de localización permanente.
Las penas alternativas a la prisión son variadas y se aplican según cada caso específico. Pero lo cierto es que “hay un volumen muy elevado de penas de trabajos en beneficio a la comunidad, que en general, está funcionando muy bien”. Así lo aseguró la magistrada-juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número seis de Madrid, María Gracia Rupérez Paracuellos. En su intervención ayer en el curso ‘Alternativa a la prisión y atención a los penados’, ofreció dos conferencias. La primera de ellas se centró en el análisis de ‘El control jurisdiccional de las penas y medidas alternativas’ y la segunda se tituló ‘La pena de localización permanente y la medida de seguridad de libertad vigilada’.
Rupérez Paracuellos explicó que las medidas alternativas a la prisión permiten a los penados una mejor reinserción social. Una de ellas es la ‘TBC’ o trabajos en beneficio de la comunidad. Bajo esta modalidad, el condenado está privado de su libertad, pero invierte su tiempo en acciones y actividades que repercuten de forma directa y positiva en el entorno social en el que vive.
Esta magistrado-juez apuntó que sólo acceden a estas medidas los presos que lo solicitan, es decir, que no se podría llevar a cabo este tipo de programas sin el consentimiento de la persona que ha sido condenada. Una vez que el juez tiene el permiso del preso, se le impone un plan de trabajo que debe cumplir.
Los trabajos en beneficio de la comunidad son muy variados, pues van desde colaboraciones con fundaciones y ONGs a cursos formativos o talleres. Rupérez paracuellos afirmó que lo ideal para un preso es que el trabajo que vaya a desarrollar tenga relación con el delito o la falta que cometió. Sin embargo, aseguró que no siempre se puede hacer esta vinculación porque hay muchas sentencias y no se cuenta con plazas en todas las ONGs para los condenados. Por eso, añadió que es un acierto apostar por los cursos y los talleres para reeducar y formar a estas personas.
Esta magistrado-juez indicó que en los casos de penas por infracciones de la seguridad vial, como conducir bajo los efectos del alcohol, es más adecuado que el condenado asista a un taller en el que se cuente con la experiencia de los policías y de las asociaciones de personas con lesiones medulares para que sea más consciente del peligro que ha tenido su acción.
Otro de los aspectos que abordó en sus conferencias fue la suspensión de las penas. Rupérez Paracuellos explicó que se trata de que la condena no se ejecute a cambio de que durante un tiempo siga una serie de condiciones que marca el juez. “Es una segunda oportunidad”, añadió. Esto se aplica, por ejemplo, cuando se condena a un drogodependiente por un delito leve y se le suspende la pena a cambio de que asista a un programa para dejar el consumo de drogas.
En cuanto a la sustitución de penas, esta magistrado-juez indicó que se trata de que el condenado no vaya a prisión a cambio de pagar una multa o estar de forma permanente localizado en su casa. Se aplica a personas que han sido condenadas por primera vez o que tienen una pena corta de prisión.
Violencia de género
Rupérez Paracuellos aseguró que es en los casos de condenados por violencia de género cuando hay más dificultad para que puedan cumplir su pena con trabajos en beneficio a la comunidad. Explicó que depende del carácter de estos hombres y de las asociaciones que tengan un convenio con la Administración. También en estos casos defendió que los condenados participen en un curso o taller donde puedan hablar sobre sus acciones violentas, reciban la asistencia de un psicólogo y se les proporcionen herramientas para afrontar los problemas cotidianos sin utilizar la violencia.
Por otro lado, intervinieron en este curso de verano el profesor de Derecho Procesal de la UGR, Pedro Butrón, y el subdirector general adjunto de Penas y medidas Alternativas, Miguel Ángel Vicente Cuenca.
Hoy
Las charlas comienzan a las 10:00 horas. El curso cuenta con la intervención de Myriam Tapia Ortiz, subdirectora general de Penas y Medidas Alternativas, que hablará sobre ‘Los trabajos en beneficio de la comunidad desde la perspectiva de la Administración Penitenciaria. Perfil de los penados a TBC’. La segunda ponente en intervenir será la jefa de servicios de Penas y Medidas Alternativas, maría Moñuz Fernández, que tratará dos temas, como son ‘Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas como unidades penitenciarias’ y ‘La relación institucional entre la Administración Penitenciaria y las entidades colaboradoras’. Además, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba, Juan José González Rus, realizará una conferencia titulada ‘El presidente de las alternativas a la pena de prisión. Juicio crítico doctrinal’.
Mañana
Atención a los penados. La abogada experta en Derecho Penal y Penitenciario, Carmen Martínez, ofrecerá dos ponencias. La primera tratará sobre ‘La intervención de las ONG y entidades colaboradoras en la ejecución de las penas y medidas alternativas’ y la segunda sobre ‘El papel del abogado en las medidas alternativas’.
Viernes
La acción social en las prisiones. El director del Centro Penitenciario de Melilla, Francisco Rebollo Sojo, intervendrá en el curso con una conferencia sobre ‘La acción social penitenciaria’.
