Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han cargado nuevamente contra la Ley estatal del Vivienda, pidiendo su derogación, han reclamado la convocatoria de una conferencia sectorial de vivienda con urgencia y han afeado la ausencia de la ministra, Isabel Rodríguez, este lunes en el Senado.
En el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, han denunciado los "chantajes" del Gobierno a las comunidades con la vivienda, han tachado de nefastas sus políticas en esta materia, que aseguran que han agravado los problemas provocando una drástica caída de la oferta, un incremento desbocado de los precios, un ataque a la propiedad privada y mayor ocupación ilegal.
Reclaman un marco jurídico estable y seguro, más oferta en alquiler, menos cargas fiscales y burocracia y políticas consensuadas y sin sesgo ideólogico.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Andalucía, Rocío Díaz, ha pedido un cambio drástico de rumbo para incrementar la oferta, una ley nacional contra la ocupación, reformar la ley del suelo, más diálogo y que se deje de amenazar a las comunidades que no se pliegan a las imposiciones del Gobierno. La comunidad trabaja en una ley de vivienda propia que llegará tras el verano.
Desde Cantabria, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha agregado que las políticas "sectarias y rancias" del Gobierno no funcionan, han empeorado gravemente la situación con una tormenta perfecta que ha perjudicado a todos, ve al propietario como un enemigo, "acosa" a pequeños propietarios y desincentiva la salida de producto por la inseguridad jurídica.
Desde la Rioja, el consejero del ramo, Daniel Osés, ha calificado de desalentador el panorama por una Ley de Vivienda que se ha convertido en el mayor enemigo de la confianza y ha pedido menos impuestos y burocracia, más seguridad y recursos y un equilibrio entre propietarios e inquilinos.
El consejero de Fomento e Infraestructuras de Murcia, Jorge García, ha asegurado que las políticas del Gobierno han sumido en el abismo a los españoles y el socialismo está saliendo muy caro. Entre alusiones a la corrupción en el Gobierno, ha insistido en que la Ley de Vivienda está causando estragos y es un "atentado" a la propiedad privada.
En la Comunidad Valenciana, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha pedido una sectorial de vivienda tras siete meses sin reunirse por la "desidia" del Gobierno y ha añadido que ante una situación complicada en vivienda se une la dana sufrida en la región.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo, ve un fracaso la política de vivienda de Pedro Sánchez, basada en la propaganda, el populismo, la inseguridad jurídica o las trabas burocráticas que desincentivan la inversión y criminalizan al propietario.
Desde Aragón, el consejero de Fomento y Vivienda, Octavio López, ha lamentado la actitud del Gobierno, que impone medidas, amenaza con recortes, con ideología "caduca" y aplica políticas "suicidas". Pide hablar menos y hacer más, mayor inversión pública, rebajar las fiscalidad y las trabas, a lo que se suma el consejero extremeño Manuel Martín, que ha demandado más apoyo, recursos y menos dogmatismo.
El consejero de Vivienda, Territorio de Baleares, José Luis Mateo, cree que el Gobierno improvisa y desvía la atención de otros temas y que hay que dar soluciones a los residentes, mientras que el consejero del ramo de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, insiste en que es urgente hablar con las ccaa de cara al nuevo plan de vivienda y desde Melilla, su vicepresidente primero, Miguel Marín, cree que el Gobierno "no tiene ni idea" de cómo solucionar este problema.
