La futura ley de amnistía ha iniciado su andadura por los cauces parlamentarios. Si nada lo remedia, en cuestión de unos meses entrará en vigor, lo cual hará que el Estado pida perdón a varios centenares de personas vinculadas con el llamado procés por el que Cataluña busca su independencia de España. Hace pocos días, además, hemos asistido a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno gracias, fundamentalmente, a la tramitación de esa ley de amnistía en medio de la fuerte oposición de decenas de asociaciones profesionales y colectivos, entre ellos jueces, fiscales, grandes bufetes de abogados, etc., que alertan sobre la quiebra del Estado de Derecho y la división de poderes en España. Para tratar este asunto hemos hablado con el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda.
-Hace muy pocos días, el jueves 16 de noviembre, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez contó con los votos suficientes para obtener la mayoría absoluta por que salió investido como presiente del Gobierno en la primera votación: 179 síes y 171 noes. Tres votos más de los necesario para obtener la mayoría absoluta.
-Efectivamente Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno, pues ha conseguido los votos para su investidura gracias a los pactos firmados con Junts y es legítimo pactar con el partido que considere oportuno. Lo que en absoluto es legítimo, es que del pacto se deriven leyes o actuaciones políticas contrarias la constitución y que destruyan o debiliten nuestro estado de derecho y la división de poderes.
-Un acuerdo imprevisible, dado que hasta hace pocos meses el Gobierno socialista decía que la amnistía era inconstitucional.
-Ha sido un cambio de opinión de todos y cada uno de los miembros del gobierno que ha pactado que no paraban de repetir que era inconstitucional lo que ahora han firmado. Los ministros de Justicia de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campos y Pilar Llop estaban firmemente convencidos de la inconstitucionalidad de la ley de Amnistía y así lo han expresado públicamente
-El presidente del Gobierno ha cambiado de opinión cuando le hacen falta los siete votos del partido independentista. Cerdán del PSOE y Turrull de Junts rubricaron el 9 de noviembre un pacto que contempla los casos de lawfair, un verificador internacional y abrir una negociación sobre el referéndum de autodeterminación además de la ley de amnistía… a cambio de siete votos...
-Efectivamente, y eso merma la confianza de los ciudadanos. La confianza se genera cuando se es consecuente con las posturas tomadas y no cambiando por meros intereses políticos. Un presidente debe gobernar para todos los españoles y no para una parte de los ciudadanos.
La realidad es que este acuerdo político que se ha alcanzado a cambio de siete votos y podría quebrar la división de poderes, imprescindible en un estado social y democrático de Derecho.
-Se cae en la inconstitucionalidad…
-Las leyes que puedan derivar de ese acuerdo sí que podrían ser inconstitucionales. Por ejemplo, podría ser inconstitucional la Ley de Amnistía. Lo absurdo de lo acaecido en este país y lo que provoca una absoluta perplejidad a todos los ciudadanos, es que una Ley que siempre se dijo por Pedro Sánchez y todos los miembros de su gobierno que era inconstitucional, como es el caso de la Ley de Amnistía, ahora deja de serlo, en cuestión de unos meses, por el argumento único y real de que necesitaba siete votos para permanecer en el poder.
-Del acuerdo formado entre el POSE y Junts podría mermar el Estado social y democrático de derecho …
-Un acuerdo que supone una intromisión en las funciones y competencias del poder judicial. Se pone en duda la independencia de los Jueces. El Estado de Derecho se funda, entre otros, en dos pilares: la independencia de los jueces y la igualdad ante la Ley. Ambas están siendo atacadas, el primero con la figura del lawfair y el linchamiento a los jueces, y por otro lado, se vulnera la igualdad ante la ley creando espacios de impunidad.
-Con la amnistía, el Estado del pide perdón a los penalizados y éstos piden analizar a los jueces que les condenaron.
-Es un disparate la amenaza que desde la política se hace a los jueces. Es una ignominia y recuerda a la forma de funcionar de regímenes autoritarios como Venezuela o Nicaragua. Son amenazas que se podrían materializar en leyes o en decisiones políticas absolutamente incompatibles con un sistema democrático. El lawfair es una aberración propia de los sistemas autoritarios. Ejemplos de ello son Maduro en Venezuela y Putin en Rusia, ellos saben usar el Lawfair para destruir jueces y enemigos políticos.
A este peraonaje hay que recordarle que hay un juez amiguete de su partido que quiere procesar ahora por terrorismo a Puigdemont porque un tipo murió de un infarto tras ser trasladado en helicóptero desde un aeropuerto mientras Díaz Ayuso dejó morir, impunemente, encerrados y ahogados a 7.291 ancianos por no querer darles asistencia médica. De lo de la ignominia de sus amigos del CGPJ mejor no hablar. Y ahora pretenden gobernar ellos sin pasar por las urnas. Decir que la judicatura española es una vergüenza no es atacarla, es retratarla.
Totalmente cierto y sin mas lejos el consejo general del poder judicial como caso de usurpación y secuestro de funciones. A dondd depositar el voto social?
Son bandere tuo de tutti in España, en cuanti canti tutte seri de didereche. Menos canti y meís traveyere. Son sigli y son fruti de mare y maís arrumaco