Hace unos días publicamos la noticia de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado habían inmovilizado a cuatro ambulancias marroquíes en la frontera de Beni Enzar por incumplir determinadas normativas que son obligatorias en nuestro país. La que más me llamó la atención era una que no disponía del seguro obligatorio de vehículos, mientras que otras no tenían determinados elementos básicos para el transporte de un enfermo. En esa casuística tan especial que tiene nuestra ciudad son casi cuarenta transportes en ambulancia las que cruzan cada mes por la frontera de Beni Enzar para ser atendidos estos pacientes en el Hospital Comarcal. Una acción que, por supuesto, entra dentro de las relaciones de buena vecindad que deben existir entre dos países vecinos y ambos como se suponen que son España y Marruecos. Lo que sucede es que, en muchas ocasiones, esas relaciones de buena vecindad no son entendidas desde el otro lado de la frontera. Lo que es normal entre la propia ciudadanía de a pie no es normal entre los dos Gobiernos aunque existan campos de colaboración muy extendidos y de una gran importancia, pero debemos tener que en cuenta que España siempre en sus relaciones con Marruecos tendrá dos talones de Aquiles como son las ciudades de Melilla y Ceuta. La decisión de inmovilizar a las cuatro ambulancias marroquíes es normal, en primer lugar, porque no se puede permitir que por las calles de Melilla circulen, con enfermos dentro, una serie de vehículos que no cumplen con la normativa española. Al igual que sucede en Marruecos cuando indican que las normas a cumplir por los vehículos son las que funcionan en este país y no las que estén en vigor en España, aunque las nuestras sean extensivas a todo el continente europeo. Cualquier accidente que puede suceder y poner en peligro al enfermo que va dentro camino del Hospital Comarcal es una auténtica burrada. Pero la segunda reflexión que se abre es, por supuesto, que es normal exigir el cumplimiento de las obligaciones para este tipo de vehículos en territorio español, al igual que sucede con la empresa de ambulancias que funciona en Melilla y que tiene su contrato con el Ingesa. Si a ellos se les exige pasar todos los controles no puede ser menos para las ambulancias que nos vienen desde el país vecinos. Es una circunstancia que, desde luego, también invita a reflexionar y que apuntábamos al comienzo de este artículo de opinión sobre que el funcionamiento de flujos de la sociedad civil, a un lado y otro de la frontera, es muy superior que al entendimiento de las dos naciones, a través de sus respectivos gobiernos, en lo que significa el funcionamiento diario de las ciudades de Melilla y Ceuta. Sería bueno extender, sin ningún género de dudas, estas relaciones a todos los niveles, al igual que muchos melillenses cruzan la frontera de Beni Enzar para acudir a determinados médicos que pasan consulta en Nador. Si en muchas ocasiones fueran las sociedades civiles las que establecieran las relaciones entre las naciones y no los políticos, a buen seguro, que existirían muchos menos problemas y que todo funcionaría mejor. Sin embargo, la política también es necesaria aunque los políticos se equivoquen más de la cuenta por determinados intereses.