Después de varios días marcados por tensiones políticas y presiones desde distintos sectores económicos y sindicales, el Gobierno central ha aprobado el anteproyecto de ley que contempla la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Se trata de una de las medidas estrella del Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, y que ha generado un intenso debate en la opinión pública.
Este nuevo marco normativo deberá ahora superar el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo no cuenta con una mayoría absoluta asegurada, por lo que necesitará negociar apoyos clave para su aprobación. A pesar de los obstáculos legislativos, el anuncio marca un hito en la política laboral española y sitúa el país en la senda de una reforma estructural del tiempo de trabajo.
Calendario de aplicación
Según establece el texto del anteproyecto, las empresas tendrán un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos a la nueva jornada de 37,5 horas semanales. Esta medida afecta de manera transversal a todos los sectores, pero genera especial incertidumbre en pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores limitaciones para reorganizar plantillas o asumir costes laborales adicionales.
La medida no implica una reducción salarial, lo que representa un esfuerzo financiero para muchas compañías. Desde el Gobierno se defiende que una menor jornada laboral puede mejorar la productividad, reducir el absentismo y mejorar la salud mental de los trabajadores, contribuyendo así a un entorno laboral más sostenible.
Contexto social
La iniciativa llega en un momento clave para el debate laboral en España. Según una reciente encuesta de la multinacional Protime, especializada en gestión horaria, un 66% de los trabajadores españoles preferiría trabajar solo cuatro días a la semana, incluso si esto supone jornadas algo más largas. Este dato refleja un cambio profundo de las prioridades de los empleados, que cada vez valoran más su tiempo personal y su bienestar emocional.
El mismo estudio también revela que solo un 38% de los empleados considera que se respata su derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral. Esta cifra es particularmente relevante en un momento en que las fronteras entre el trabajo y la vida privada se han difuminado, especialmente tras la expansión del teletrabajo.
Nueva ley de registro de jornada
En paralelo a la reducción de la jornada, el Gobierno ha aprobado otra medida complementaria: la obligatoriedad de digitalizar el registro de jornada en todas las empresas. Esta ley elimina el uso de métodos manuales o en papel, estableciendo que el control horario debe ser electrónico, accesible y verificable.
Además, el nuevo sistema exigirá que las empresas registren todas las interrupciones que afecten al cómputo de la jornada, y clasifiquen las horas trabajadas como ordinarias, extraordinarias o complementarias. Esta herramienta busca garantizar el cumplimiento normativo y evitar abusos, como las horas extra no remuneradas, que siguen siendo una realidad extendida.
El estudio de Protime también recoge que un 60% de los trabajadores realiza horas extra, lo que contrasta con el 5% registrado en la Encuesta de Población Activa (EPA). Además, el 67% de quienes hacen horas adicionales trabaja en empresas con sistemas de control horario, lo que pone de relieve que la existencia del sistema no garantiza por sí sola el cumplimiento, sino que debe estar acompañado de una vigilancia efectiva.
Reacciones empresariales
Desde las organizaciones empresariales, la recepción ha sido mayoritariamente crítica. Francis Serón, presidenta de la Federación de Empresarios de pymes en Melilla, expresó su preocupación por la viabilidad de aplicar la medida en empresas de menor tamaño: "Reducir la jornada no significa necesariamente que se vaya a contratar a más personal. Al contrario, se podrían incrementar las horas extraordinarias, lo que eleva los costes", advirtió.
"En sectores como la industria, quizá se pueda reorganizar la producción, pero en la mayoría de las pymes no tenemos esa capacidad de maniobra. Es muy difícil adaptarse sin perder competitividad".
Serón también consideró que el plazo hasta diciembre de 2025 es insuficiente: "Necesitamos más tiempo para planificar cómo hacer estos cambios. Y muchas empresas ni siquiera cuentan con los recursos para evaluar la adaptación".
En la misma línea, Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla fue aún más contundente en su valoración.
"Todos quisiéramos trabajar menos y cobrar más, pero eso solo es viable si el Gobierno asume parte del coste. La reducción de jornada sin reducción salarial implica un aumento directo del 6% al 8% en los costes laborales por empleado, que muchas empresas no pueden soportar", señaló.
"Es una medida que ha sido negociada solo con los sindicatos, sin contar con las organizaciones empresariales. Es necesario que se nos escuche para diseñar una aplicación que no destruya el empleo", concluyó.
Valoración sindical
Por el contrario, desde el movimiento sindical, la aprobación del anteproyecto ha sido recibida con satisfacción. El secretario general de UGT, Javier Valenzuela, valoró positivamente la medida, aunque la considera todavía insuficiente.
"Es un paso importante, pero no el final del camino. Nosotros aspiramos a una jornada de 35 horas semanales. Llevamos 40 años con jornadas de 40 horas, mientras que la tecnología ha aumentado significativamente la productividad de los trabajadores", explicó.
"Ahora es el momento de que los trabajadores se beneficien de esos avances también en forma de tiempo libre. La conciliación no puede seguir siendo una utopía".
Respecto a si las empresas están listas para adaptar sus convenios colectivos antes de 2026, Valenzuela se mostró optimista: "Aún hay tiempo. Todo es cuestión de sentarse a negociar. No todas las empresas podrán hacerlo de la misma forma ni al mismo ritmo, pero con diálogo social es posible".
En cuanto a la creciente demanda de semanas laborales de cuatro días, el líder sindical señaló que están abiertos a explorar esa opción: "La flexibilidad es clave. No todas las empresas podrán implantar una jornada de cuatro días, pero muchas sí. Lo importante es que la negociación colectiva permita ajustar los modelos a cada realidad".
"Sin presupuesto, esto no se va a llevar a cabo"
Desde el sindicato CSIF, su presidente Luis Escobar, adelantó hace unas semanas a El Faro de Melilla las advertencias sobre los obstáculos que podrían impedir su implementación: "Sin presupuesto, esto no se va a llevar a cabo. La inestabilidad del Gobierno y la falta de presupuestos generales están lastrando muchas cosas: la jornada laboral, la oferta de empleo público y la actualización de salarios", lamenta Escobar.
Un modelo laboral en transformación
La reducción de la jornada laboral en España se inserta en un debate global sobre el futuro del trabajo. Con el avance de la automatización, la inteligencia artificial y el teletrabajo, muchos expertos coinciden en que la productividad ya no debe medirse solo en horas, sino en resultados.
La medida aprobada por el Gobierno apunta a alinear la legislación laboral con estas nuevas realidades. Pero su éxito dependerá de la implementación práctica, de la flexibilidad en la negociación colectiva, y de la capacidad del Ejecutivo para articular políticas de apoyo económico, especialmente para las pymes.
En cualquier caso, la propuesta abre un nuevo horizonte para el debate laboral en España, que podría marcar un antes y un después en la forma de entender el equilibrio entre vida profesional y personal.
