El Gobierno de Melilla volverá a licitar la adquisición de dos dispositivos electrónicos de control, conocidos popularmente como táser, y diez cámaras corporales para reforzar los medios materiales de la Policía Local. El contrato se tramita de nuevo después de que el primer procedimiento quedara desierto al no presentar la única empresa concurrente la documentación mínima exigida para poder ser admitida.
La Jefatura de la Policía Local mantiene que esta compra sigue siendo necesaria para mejorar la capacidad operativa de las patrullas, reforzar la seguridad de los agentes durante las intervenciones y ampliar las garantías de control y trazabilidad de las actuaciones. La previsión es que los dos nuevos dispositivos electrónicos de control permitan que haya, al menos, un táser disponible en cada turno y en los diferentes grupos del cuerpo para responder a peticiones de apoyo de otras unidades cuando las circunstancias lo requieran.
El expediente inicial se publicó el pasado 11 de junio. Sin embargo, la única empresa que concurrió a la licitación no aportó la documentación administrativa necesaria y fue excluida del proceso. La consecuencia fue la declaración de desierto del contrato, aunque la necesidad planteada por la Jefatura no ha desaparecido y ha llevado a la Ciudad a impulsar un nuevo expediente.
Proteger la seguridad colectiva
La compra incluirá dos Dispositivos Electrónicos de Control, denominación técnica empleada para este tipo de herramientas incapacitantes por pulso, además de diez cámaras policiales unipersonales y los accesorios necesarios para su utilización. El objetivo declarado por la Policía Local es incrementar la dotación disponible entre las patrullas y contar con medios que permitan intervenir con mayor seguridad en situaciones de especial tensión o riesgo.
Los documentos preparatorios de la contratación insisten en que los táser se conciben como armas de defensa no letales y como una alternativa intermedia entre las técnicas físicas de reducción y el empleo de armas de fuego. La regulación interna de la Ciudad ya contempla su uso desde hace años. En concreto, en febrero de 2019 autorizó que los miembros de la Policía Local pudieran disponer de armas eléctricas en situaciones puntuales y excepcionales, con la finalidad de proteger la seguridad colectiva y evitar daños en la integridad física de los agentes.
Esa orden diferencia los dispositivos electrónicos de control de las defensas eléctricas convencionales. Según el expediente, los pulsos generados por los equipos tipo táser son de corta duración y bajo amperaje y persiguen inmovilizar temporalmente a una persona, impidiendo movimientos voluntarios de brazos o piernas sin provocar lesiones permanentes.
La Jefatura sostiene que los agentes se enfrentan en ocasiones a intervenciones en las que una persona se opone activamente a una detención o responde con violencia. Entre los supuestos citados figuran situaciones en las que el individuo se encuentra bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes, así como casos en los que utiliza objetos disponibles a su alcance para agredir a los policías, desde los puños hasta garrotes, cuchillos u otros elementos potencialmente peligrosos.
Registrar imagen y sonido de las intervenciones
En esos escenarios, la Policía Local argumenta que la utilización de un dispositivo de control eléctrico puede reducir el riesgo de lesiones tanto para los agentes como para la persona intervenida. La intención de la Jefatura es garantizar que siempre haya un equipo operativo y un agente habilitado para portar un táser. Ese dispositivo podría acudir como apoyo cuando una unidad haya agotado las posibilidades de actuación convencional y necesite afrontar una situación de resistencia grave o de riesgo. Los funcionarios que los empleen deberán contar con formación específica.
Junto a los dos táser, el contrato contempla diez cámaras corporales de intervención para ampliar la presencia de estos dispositivos entre las patrullas. Se trata de equipos diseñados para registrar imagen y sonido durante actuaciones operativas, con activación manual o automática y capacidad para recuperar imágenes anteriores al momento de iniciar la grabación.
Las cámaras deberán contar con una batería de al menos 12 horas, almacenamiento interno no extraíble de un mínimo de 128 gigabytes y capacidad para guardar, al menos, 11 horas de grabación. Los equipos no incluirán pantalla para visualizar o reproducir los vídeos almacenados, una condición con la que se pretende reforzar la privacidad y evitar consultas indebidas de las imágenes en el propio dispositivo. Las grabaciones incorporarán una marca de agua con la fecha, la hora y la identificación de la cámara utilizada, mientras que el sistema deberá avisar visualmente a los ciudadanos de que se está produciendo una grabación.
Esta nueva licitación busca completar los recursos tecnológicos de la Policía Local de Melilla con herramientas que, según la Ciudad, pueden elevar la seguridad de las intervenciones, mejorar la protección jurídica de agentes y ciudadanos y reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes de especial complejidad, para lo que ha previsto unos 40.000 euros de inversión.
