La Justicia ordena investigar la actuación de Pedro Sánchez sobre los negocios de su mujer

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima un recurso del PP y ordena a la Oficina de Conflictos de Intereses que investigue si Pedro Sánchez debió abstenerse en la aprobación del rescate de Air Europa

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado un recurso del PP y ha ordenado a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) que investigue si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debió abstenerse en las decisiones del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de Air Europa y si éste pudo beneficiar a su mujer, Begoña Gómez.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, fechada el pasado 6 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM estima el recurso que interpuso el Partido Popular contra las resoluciones de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Oficina de Conflictos de Intereses que archivaron su denuncia, y ordena que se investiguen los hechos expuestos.

En concreto, los populares habían llevado a Sánchez a la OCI por el rescate de Air Europa, sosteniendo que el presidente del Gobierno vulneró el deber de abstención en dos sesiones del Consejo de Ministros (3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021) por las relaciones de esta compañía con su mujer.

La OCI, que por ley tiene autonomía funcional, pero que forma parte del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, archivó la denuncia del PP con el argumento de que Sánchez no debía abstenerse porque su mujer no ha tenido ni tiene una relación laboral o profesional con esta empresa que implique funciones de asesoramiento o dirección.

Ahora los magistrados avalan la investigación argumentando que, en contra de lo que dictó la OCI, el PP sí está legitimado para denunciar y que había solicitado una serie de diligencias pero la OCI solo envió un informe, lo que constata que "no se ha producido actividad material de investigación por parte de la OCI".

El tribunal, presidido por la magistrada Cristina Cadenas, ordena en su sentencia que, como pedía el PP, las actuaciones de la OCI se retrotraigan "al momento de la presentación de la denuncia" y que se lleve a cabo la investigación solicitada para que no solo se cuente con el informe que ya envío la Secretaría de Presidencia, sobre el que destaca que "no se aporta documentación alguna" que lo sustente.

Más informes

Pide que se aporten otros informes y que se practiquen más pruebas para adoptar una decisión "fundamentada", que puede ser el archivo pero tras argumentarlo. Y recuerda que la OCI puede investigar pero no tiene competencia para incoar procedimiento alguno. Argumentan los magistrados que el PP puede impugnar el archivo acordado por la OCI, aunque "no tendría legitimación para pretender una sanción o ser parte de un eventual expediente de esa naturaleza".

En su denuncia ante la OCI el PP sostenía que Sánchez podría haber infringido la ley del alto cargo no absteniéndose en una decisión que afectaría a los intereses de un familiar y apuntó a que la sanción contemplada para esa infracción grave suponía no ocupar un alto cargo durante un periodo de entre 5 y 10 años.

En su denuncia, el partido de Alberto Núñez Feijoo pidió datos tributarios, de cotizaciones o laborales para conocer la relación profesional de Begoña Gómez con el Instituto de Empresa (IE), ya que dirigió el centro África Center durante cuatro años y según el PP este organismo académico sin ánimo de lucro "parece" que solo contaba con financiación de Globalia, grupo al que pertenece Air Europa.

El PP ha valorado esta decisión judicial que, según fuentes de la formación, "obliga al Gobierno de España a abrir una investigación sobre el supuesto conflicto de intereses de su propio presidente al impulsar el rescate de Air Europa y del resto de empresas del grupo tras pedírselo expresamente su mujer mientras Begoña Gómez recibía ingresos procedentes de la compañía".

"Pedro Sánchez ha dado dinero público a quien ha dado dinero a su esposa, y haber participado de manera directa en la adjudicación de esos fondos debe ser investigado. El PP lo pidió, el Gobierno prefirió no hacerlo. Ahora la Justicia nos da la razón", añaden las fuentes.

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