Los tribunales de Melilla afrontan un escenario marcado por el atasco procesal. Según el informe estadístico publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante el segundo trimestre del año los 13 órganos judiciales activos de la ciudad tramitaron un total de 11.026 asuntos, lo que evidencia una situación de congestión estructural en todas las jurisdicciones.
La jurisdicción civil es, una vez más, la más sobrecargada del sistema. De los 5.084 asuntos registrados, 1.520 fueron nuevos ingresos, y solo 1.196 pudieron resolverse. Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que concentran la mayor parte de la carga, comenzaron el trimestre con más de 4.500 expedientes en tramitación. El Juzgado de lo Mercantil tramitó 130 causas y apenas resolvió cuatro, manteniendo 149 pendientes. Por su parte, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en su vertiente civil, gestionó 50 asuntos y cerró el periodo con 60 casos aún activos.
La tasa de resolución civil mejoró un 7,5% respecto al trimestre anterior, situándose en 0,79, pero la tasa de congestión se mantiene alta con 5,26 expedientes en trámite por cada uno resuelto. Durante el periodo se dictaron 321 sentencias y 639 decretos, aunque el volumen no basta para reducir significativamente la acumulación.
En el ámbito penal, los juzgados de Melilla tramitaron 3.841 causas, de las cuales 2.054 fueron nuevos ingresos y 1.694 resoluciones. Los Juzgados de lo Penal dictaron 96 sentencias y 612 decretos. Los Juzgados de Menores, por su parte, resolvieron 73 casos, mientras que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer inició 251 nuevos procedimientos penales y resolvió 101. Este último mantiene una tasa de resolución del 0,81, por debajo del umbral necesario para evitar la acumulación.
En términos globales, la eficacia del orden penal descendió un 5,7% respecto al primer trimestre de 2025, situando su tasa de congestión en 3,29. Aunque se mantiene más ágil que el orden civil o el social, la tendencia apunta a una pérdida progresiva de capacidad resolutiva.
La jurisdicción contencioso-administrativa, con tres juzgados operativos, muestra mayor estabilidad. En el segundo trimestre ingresaron 77 nuevos asuntos y se resolvieron 71, con 307 causas aún en trámite. La tasa de resolución fue de 0,92, y la de congestión se situó en 5,32, aunque con una caída del 18,3% en eficacia respecto al trimestre anterior.
Sin embargo, la situación más crítica se presenta en el orden social, encargado de los conflictos laborales y de Seguridad Social. Con un solo juzgado en funcionamiento, se tramitaron 2.467 asuntos durante el trimestre, pero solo 128 fueron resueltos, mientras que 257 correspondieron a nuevos ingresos. La cifra de expedientes pendientes se elevó hasta 2.332, disparando la tasa de congestión a 21,28, la más alta de todas las jurisdicciones.
A pesar de que la capacidad resolutiva en el orden social mejoró un 84,6%, los datos siguen reflejando una saturación extrema que compromete los plazos y la calidad del servicio judicial en esta materia. La insuficiencia de recursos materiales y humanos en este ámbito es una constante que viene denunciándose desde hace tiempo por parte de operadores jurídicos, sindicatos y asociaciones profesionales del sector.
En cuanto a la ejecución de sentencias, el informe del CGPJ señala que se registraron 592 nuevas ejecuciones y se resolvieron 1.350, aunque al final del trimestre aún quedaban 5.875 pendientes. La mayor carga se concentró en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que tramitaron 308 ejecuciones y resolvieron 190. Los Juzgados de lo Penal gestionaron 150 nuevas y resolvieron 970.
Los indicadores globales del sistema judicial de Melilla reflejan un desequilibrio preocupante: la tasa de resolución general se sitúa en 0,79, mientras que la pendencia asciende a 3,74 y la congestión global alcanza 4,85. En comparación con el primer trimestre del año cuando se resolvieron 3.170 causas, los asuntos pendientes han aumentado un 31,2%, consolidando una tendencia sostenida al alza en la acumulación de expedientes.
El CGPJ subraya en sus conclusiones la necesidad de reforzar de forma urgente los recursos humanos y materiales del sistema judicial melillense. La sobrecarga de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que asumen competencias tanto civiles como penales, impide una mejora efectiva de los tiempos procesales y afecta directamente al acceso a la justicia de la ciudadanía.
Mientras el orden penal mantiene cierta estabilidad, el colapso en el civil y, especialmente, en el social, exige actuaciones inmediatas para evitar un deterioro mayor. Melilla afronta así el segundo semestre del año con más de 11.000 causas judiciales activas y un reto creciente: agilizar la justicia sin sacrificar garantías. La sostenibilidad del sistema judicial en la ciudad autónoma dependerá de medidas estructurales que eviten que la congestión actual se convierta en un bloqueo irreversible.
