La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha dado el visto a las cuentas de la Autoridad Portuaria de Melilla correspondientes al ejercicio 2012, según publica el Boletín Oficial del Estado.
En términos generales, no se detectan irregularidades de ningún tipo y se considera que la documentación remitida por el ente portuario “contiene la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios que son de aplicación”.
No obstante, la IGAE ha encontrado algunos defectos a lo largo de su trabajo de fiscalización. Según se refleja en el BOME, en las cuentas no hay evidencia de que el Puerto haya realizado un estudio sobre el importe recuperable de los elementos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias, si bien existen indicios que pueden indicar su estropicio. En la misma línea, se indica que la Autoridad Portuaria no ha notado deterioro alguno en dichas áreas, ni en este ejercicio ni en los cinco anteriores. El auditor no puede cuantificar el impacto de este aspecto en las cuentas del 2012.
Por otro lado, se ha detectado un error acumulado que reduce el patrimonio neto presentado por el ente portuario en 740.409 millones de euros. En concreto, son 212.241 euros del resultado del ejercicio, 275.606 de reservas y 242.561 de subvenciones, donaciones y legados.
Asimismo, se indica que no hay un control adecuado de los proyectos de inversión, activando los gastos por naturaleza sin asignarse a iniciativas concretas. Sólo aquellos desembolsos que corresponden directamente a proyectos concretos y son necesarios para su puesta en condiciones de funcionamiento pueden considerarse con un mayor precio de adquisición, contabilizándose como mayor valor del proyecto en curso.
Además, se subraya la inexistencia de una política de gastos capitalizables, por lo que se incorporan como inversión importes significativos de gastos que no cumplen los requisitos. Mención especial requiere la activación de gastos de mantenimiento y conservación y la incorporación al activo de desembolsos indirectos o no necesarios para la puesta de los activos en condiciones de funcionamiento.
Por otro lado, hay pagos como consecuencia de la realización de estudios de viabilidad para tomar la decisión de invertir o no y en qué tipo de activo. Los desembolsos realizados por los estudios de viabilidad deben ser tratados como gastos imputables a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, según el IGAE, debido a que no forman parte del coste de adquisición. Dichos gastos, técnicamente son similares a los de investigación que no pueden ser objeto de capitalización en los activos.
Por último, la IGAE apunta que se han dado de baja los bienes que dejan de usarse o los componentes o partes del inmovilizado que se sustituyen. Además de no darse de baja este coste, según la información facilitada por la Autoridad Portuaria de Melilla, las sustituciones, ampliaciones o mejoras no se amortizan según su vida útil, sino en función de la vida útil teórica del activo al que se incorporan, considerando que el mismo se encuentra en estado nuevo. No obstante, dado que se están analizando las incorporaciones del ejercicio, la mayoría de las cuáles aún están en curso, la diferencia de estas amortizaciones no tiene impacto material en las cuentas anuales del ejercicio.
Dado el elevado número de errores detectados en las altas del ejercicio, puede ser necesario revisar el inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias relativas a ejercicios anteriores.
La Autoridad Portuaria de Melilla apuntó en la jornada de ayer a este periódico que la opinión que recoge la IGAE sobre las cuentas del 2012 “es favorable”, es decir, que las mismas representan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los cambios en el neto y de los flujos de efectivo de la entidad. Tal y como se indica en el informe de la IGAE, las cuentas “contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, excepto por una limitación al alcance y una salvedad contable susceptible de subsanación por parte de la Autoridad Portuaria”.
En cuanto a las supuestas deficiencias que se citan en el informe, la Autoridad Portuaria subrayó que está próxima a obtener los resultados de un trabajo, contratado con un prestigioso equipo de profesionales pertenecientes a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para la evaluación del posible deterioro del inmovilizado material, inmaterial e inmobiliario de la entidad, siendo el único ente portuario del sistema que dispone de un estudio de estas características. Desgraciadamente, dichos resultados no se han obtenido a tiempo de poderse incluir en la formulación de cuentas 2012, y lo estarán “con absoluta seguridad” en las correspondientes al ejercicio 2013.
En cuanto a la salvedad contable, desde la Autoridad Portuaria apuntan que han seguido los mismos criterios que han venido aplicándose sin objeción hasta el presente ejercicio. Ello no es óbice para que se valoren las mejoras técnicas que pueden proporcionar algunas de las propuestas de la IGAE, a pesar de las “considerables dificultades” prácticas que conlleva su aplicación, ya se encuentran, en su mayoría, en aplicación en este ejercicio 2013.
En relación al error descrito referente a subvenciones, donaciones y legados, motivado por no reclasificar como “deudas transformables en subvenciones” el importe estimado como corrección financiera a practicar con arreglo al informe de auditoría de fondos comunitarios 2012, resaltan que Puertos del Estado ha impuesto para el conjunto del sistema portuario español el criterio contable que finalmente ha adoptado la Autoridad Portuaria de Melilla. Para ello, Puertos del Estado se apoya en el plan de acción emprendido de manera conjunta entre el citado ente y la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para solventar la situación detectada por la IGAE.
En este sentido, entre otras iniciativas, el referido plan establece un objetivo de no presentar a cofinanciación gastos elegibles relativos a contratos sometidos a la citada normativa específica, en espera del pronunciamiento de la Comisión. Así mismo el ente estima que gracias a las acciones emprendidas no se esperan efectos adversos para los intereses de la Autoridad Portuaria.
En conclusión, la opinión de la IGAE sobre las cuentas anuales es “favorable con una salvedad”. Este informe ha sido puesto en conocimiento con anterioridad al organismo Puertos del Estado, que ha mostrado su conformidad, así como al Consejo de Administración del ente portuario, que ha votado favorablemente dichas cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.
