Los servicios extraordinarios del personal adscrito a la Consejería de Seguridad Ciudadana dependen desde el pasado 5 de noviembre de este mismo departamento, que asume su autorización previa, su tramitación y el reconocimiento de las gratificaciones correspondientes. Así lo establece el acuerdo del Consejo de Gobierno del 30 de octubre, publicado el día 4 en el BOME, que traslada estas funciones desde la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad con el objetivo de reducir trámites y agilizar la respuesta administrativa.
Según el texto, la autorización de estos servicios y la acreditación de su prestación están ligadas a los turnos, a los efectivos disponibles y a las necesidades de los dispositivos policiales, de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil. Por ello, defiende que los gestione el área que conoce directamente estas circunstancias.
Seguridad Ciudadana autorizará previamente los servicios extraordinarios, salvo en los supuestos de urgencia, tramitará los expedientes y comprobará su realización mediante las certificaciones de las jefaturas o responsables de cada servicio. Cuando proceda, dictará además la resolución que reconoce las gratificaciones o compensaciones económicas.
Presidencia conservará la elaboración y la tramitación material de las nóminas, para lo que Seguridad Ciudadana deberá remitirle sus resoluciones. Tampoco cambian las competencias de ordenación del pago y control económico.
La inclusión en este régimen dependerá de la adscripción del puesto según la Relación de Puestos de Trabajo, por lo que también alcanza a quienes lo ocupen en comisión de servicios o adscripción provisional. Funcionarios y personal laboral mantendrán sus respectivos regímenes jurídicos.
El acuerdo subraya que la reforma es solo organizativa. No altera la jornada, las cuantías, los límites, las modalidades de compensación ni las reglas de urgencia, y mantiene vigentes el VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio Colectivo. Si alguna medida de aplicación repercutiera en condiciones de trabajo sujetas a negociación, esta deberá producirse antes de su aprobación.
Los expedientes pendientes de reconocimiento de la obligación pasarán a Seguridad Ciudadana, que conservará las actuaciones ya realizadas válidamente. Se incluyen también los que cuentan con informes desfavorables o reparos, cuyas objeciones deberán subsanarse o resolverse de forma motivada.
En los servicios prestados sin autorización previa, se comprobará primero si resulta aplicable el procedimiento de urgencia. Su posible convalidación exigirá justificación, acreditación de los servicios y una resolución expresa, sin que puedan convalidarse actos nulos de pleno derecho. El cambio no supone el reconocimiento automático del derecho al abono, y los expedientes ya denegados no se reabrirán.
El decreto de distribución de competencias, aprobado el 28 de julio de 2023, había sido modificado en febrero de 2025 y en julio de 2026. Contra el acuerdo no cabe recurso administrativo, aunque sí recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un plazo de dos meses.
