Fuentes de los servicios de información vinculados a Melilla han asegurado a El Faro que sí existieron informes que alertaban al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la crisis migratoria que se avecinaba en las ciudades autónomas, desmintiendo así las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien afirmó hace unos días que no hubo "informe, ni aviso, ni publicación" alguna al respecto.
El titular de Interior compareció el pasado martes ante los medios para defender la gestión de la crisis migratoria, que ha elevado la cifra oficial de entradas en Ceuta hasta las 72.000 personas. En esa rueda de prensa, Marlaska sostuvo que si hubiera existido "alguna posibilidad" de que algo así pudiera pasar, aunque fuera en una magnitud menor a la registrada en 2021, se habría tenido conocimiento en "las más altas instancias". "Creo que con eso lo digo todo", remachó el ministro, que trasladó su confianza en el trabajo de los servicios de inteligencia y descartó cualquier cese en el organismo.
Frente a esa versión, las fuentes consultadas por este periódico son tajantes: los avisos existieron y llegaron con margen suficiente como para haber adoptado medidas de protección en las fronteras. Según relatan, "nadie parece que leyó" el contenido de aquellos informes, una circunstancia que, de confirmarse, pondría en entredicho no solo el relato oficial sobre el desconocimiento de lo que se avecinaba, sino también la diligencia del Estado a la hora de proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea y la soberanía nacional sobre territorio español.
Estos hechos, en su opinión, son una continuación de lo ocurrido en Ceuta en 2021, cuando unas 10.000 personas cruzaron la frontera en cuestión de horas con la ayuda y el respaldo de Marruecos. Aquel episodio, recuerdan, se produjo como represalia después de que España acogiera en un hospital al líder del Frente Polisario, entonces afectado por covid-19. No es la única espina que Marruecos mantiene clavada con España en materia territorial: en 2002, soldados marroquíes tomaron el islote de Perejil, un enclave español frente a la costa de Ceuta, y fueron desalojados por el Ejército español en una operación entonces encabezada por el ministro de Defensa, Federico Trillo, en el Gobierno de José María Aznar.
Tampoco hay que olvidar, matizaron, que el entonces presidente de España, Adolfo Suárez, amenazó a Hassan II con bombardear en 24 horas todos sus palacios y centros oficiales de Rabat si el aquel monarca decidía tomar las ciudades españoles norteafricanas, tal y como le había expresado al mandatario español.
Estos funcionarios públicos denuncian también la progresiva politización del servicio en los últimos años, un fenómeno que, según explican, ha empujado a numerosos efectivos a abandonar la institución.
Preguntadas las fuentes de El Faro sobre las diferencias en el comportamiento de la policía marroquí entre Ceuta y Melilla (con apatía en la primera frente a una actuación más contenedora en la segunda), las fuentes reconocen que las razones son difusas. Apuntan a la distinta configuración geográfica de ambas fronteras, pero también a intereses económicos internacionales, mucho más acentuados en Melilla por las inversiones realizadas en el puerto de Nador que en Ceuta. En cualquier caso, subrayan que se trata de una cuestión que todavía debe analizarse con mayor profundidad.
En ese terreno de la interpretación, las mismas fuentes manejan una lectura generacional de largo plazo sobre los objetivos territoriales de la dinastía alauí. Según ese análisis, Mohamed V, que accedió al trono tras la etapa del Protectorado con el respaldo de Francia, tuvo como meta lograr la independencia frente a las potencias europeas. Su hijo, Hassan II, al que se atribuye el papel de "regalo envenenado" del sultán que disputaba el trono a Mohamed V, se propuso expulsar a España del Sáhara Occidental, objetivo que alcanzó con la Marcha Verde. El actual monarca, Mohamed VI, ya ha conseguido que Naciones Unidas abandone la vía de la autodeterminación saharaui en favor de una autonomía bajo administración marroquí. Al heredero, el príncipe Mulay Hassan, futuro Hassan III, le correspondería según ese mismo análisis el objetivo de la anexión de Ceuta y Melilla.
Un elemento común entre ambas ciudades autónomas, según detallan las fuentes, es el fuerte incremento de las entradas a nado en las semanas previas al desenlace de la crisis. En el caso de Melilla, los intentos abortados por la guardia civil pasaron de 3 o 4 diarios antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones en caliente a entre 30 y 40 al día, la mayoría de ellos frustrados por la propia actuación de la policía marroquí en el mar.
La versión de los servicios de información contrasta abiertamente con el relato que Marlaska trasladó también en su comparecencia sobre el origen de la avalancha, que atribuyó a una operación "orquestada por el conjunto de mafias" que trafican con personas aprovechando "una lectura interesada" de la sentencia del Supremo. El ministro evitó, además, exigir explicaciones a Marruecos por la presunta laxitud de sus autoridades, a diferencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y se limitó a destacar la colaboración del país vecino en las devoluciones, que cifró en 70.000 personas.
Para la información española resulta difícil achacar la crisis a la actuación de las mafias. El motivo, que esas organizaciones solo actúan para obtener un beneficio económico, algo que no sucede cuando entran a miles cuasi libremente a territorio español.
Marlaska defendió igualmente el trato dado a los menores extranjeros afectados por las expulsiones forzadas que están ejecutando los efectivos militares desplegados en la zona, un extremo documentado por enviados de medios nacionales. El ministro se limitó a afirmar que "en España se respetan los derechos fundamentales de los menores y de los mayores" y que ese principio "está fuera de discusión".
La comparecencia se produjo tras una reunión telemática de unas tres horas con sus homólogos europeos, convocada con carácter urgente por la crisis migratoria. Según Marlaska, el encuentro se desarrolló en "tono constructivo" a pesar de las críticas formuladas por 22 países, encabezados por Italia y Dinamarca, hacia la política migratoria española. El ministro aseguró que en esa cita se reconoció "el trabajo extraordinario y la respuesta eficaz e inmediata" de las autoridades españolas, además de la colaboración de Marruecos para "evitar cualquier tragedia humana" en el proceso de retorno de los extranjeros que cruzaron la frontera de forma irregular.
