El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha calificado este lunes de "completamente disparatada" la intención del Gobierno central de construir un nuevo centro para la acogida de inmigrantes en la ciudad, en un contexto en el que el Ministerio del Interior avanza en la construcción de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Imbroda ha anunciado que su Ejecutivo se opondrá "rotundamente" a la iniciativa y ha reclamado a Madrid un cambio legislativo que agilice el retorno de los inmigrantes en situación irregular a sus países de origen.
"Estoy totalmente sorprendido por las declaraciones que ha hecho el Gobierno Nacional", ha señalado el presidente melillense, que ha cuestionado abiertamente la utilidad de dotar a la ciudad de una nueva infraestructura mientras ya existe el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). "Si ya hay uno, el CETI, ¿para qué quieren otro?", se ha preguntado, antes de reclamar que Madrid explique "cuál es la política migratoria que van a seguir".
Imbroda ha ido más allá y ha puesto en duda el propio modelo de gestión migratoria del Ejecutivo central, al que ha acusado de actuar "sin orden, sin previsión" y sin haber adoptado medidas efectivas para acelerar los retornos. En ese sentido, ha reclamado un cambio legislativo que permita una tramitación "mucho más flexible, mucho más ágil, mucho más rápida" para devolver a sus países de origen tanto a los inmigrantes en situación irregular como a los menores extranjeros no acompañados, sobre los que ha advertido de que, en su opinión, "es una figura migratoria camuflada, descaradamente camuflada".
El presidente autonómico ha trasladado además un mensaje de rechazo frontal a cualquier ampliación de la capacidad de acogida en la ciudad. "Nos negamos rotundamente y pelearemos hasta donde haya que pelear e iremos donde tengamos que ir" para impedir la construcción de un nuevo centro, ha afirmado, en referencia a la que considera "la política errática del Gobierno" y lo que ha definido como "el fracaso absoluto de la política migratoria del Gobierno de España".
Las palabras de Imbroda llegan en pleno proceso de tramitación del futuro CATE melillense, cuya construcción fue anunciada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 8 de septiembre, dentro de un paquete de medidas para Ceuta y Melilla tras la entrada irregular de decenas de miles de personas los días 30 y 31 de julio. Según pudo adelantar este periódico, Interior ya sondea la disponibilidad de terrenos en la ciudad para esta infraestructura, prevista inicialmente para 800 plazas, ante la negativa del Gobierno de la Ciudad a ceder suelo propio, lo que ha alimentado el temor a que Madrid recurra finalmente a terrenos de Defensa, con el cuartel de Caballería como emplazamiento que mayor rechazo generaría por su cercanía a la playa.
Este mismo lunes, horas antes de las declaraciones de Imbroda, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, confirmó que el Ministerio del Interior trabaja "desde hace tiempo" en este proyecto, aunque insistió en que no se trata de un segundo CETI, sino de un CATE: un espacio destinado a tramitar la documentación de los migrantes que entren de forma irregular, con vistas a su retorno. Moh precisó que, por el momento, no hay ningún terreno seleccionado de forma definitiva y garantizó que la ubicación que finalmente se escoja "no perjudicará a la sociedad melillense". La delegada pidió además "responsabilidad" y evitar declaraciones que puedan aumentar la tensión, en un ambiente que definió como "muy crispado".
A diferencia de la delegada, que ha evitado en todo momento hablar de un "CETI" y ha circunscrito el proyecto a la figura del CATE, Imbroda ha empleado en sus declaraciones el término CETI para referirse al centro que Interior estudia construir en la ciudad. El CATE, según ha explicado Interior en anteriores comunicaciones a este periódico, es una instalación de primera atención con un plazo máximo de estancia de 72 horas, en la que se realiza el triaje, la reseña biométrica y los controles documentales de los migrantes, una función distinta a la de alojamiento que cumple el CETI.
El proyecto se financiará con parte de los fondos de emergencia concedidos por la Unión Europea a través del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados, con un coste estimado de 4,5 millones de euros para el centro melillense.
