La planta judicial en Melilla celebró ayer un paro de una hora. Confía en que antes de aprobar la LOPJ el día 18, se introduzcan los ocho puntos que reivindican.
Jueces, fiscales, abogados y procuradores se reunieron ayer por segunda vez en Melilla y en el resto de España en el paro de una hora convocado en protesta contra la reforma en marcha de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la conocida ley de Tasas Judiciales. El pasado día 23 de noviembre se concentraron en las Torres del V Centenario y ayer pararon la actividad judicial durante una hora. El juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, informó de que en el día de hoy la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales se reunirán con el Grupo Popular en el Senado para exponerle sus reivindicaciones, recogidas en un manifiesto. La aceptación de sus demandas podría evitar la huelga anunciada para el mes de enero, motivo por el cual aún no se ha concretado una fecha, según explicó el magistrado melillense.
El objetivo de esta segunda protesta, tal y como adelantara El Faro en su edición de ayer, es informar a los ciudadanos de las reformas que se están acometiendo en la Administración de la Justicia y concienciar de los efectos que tendrán para la sociedad. Durante la jornada de hoy, la planta judicial melillense esperará el resultado de la reunión entre la Comisión Interasociativa y el Grupo Popular de la Cámara Alta para decidir si continúan las movilizaciones y siguen adelante con la convocatoria de huelga. Lamo de Espinosa dijo confiar en que en los próximos seis días se introduzcan las enmiendas que el gremio judicial propone antes de la aprobación en las Cortes de la LOPJ el próximo día 18 de diciembre.
En desacuerdo con Gallardón
El juez decano reiteró que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha conseguido “por primera vez en la historia” que todos los colectivos profesionales implicados en la Administración de la Justicia se unan en protesta, marcando así un hito. Además, volvió a rechazar rotundamente las declaraciones de Ruiz Gallardón, quien el pasado martes aseguraba que los jueces se quejaban por haberles suprimido la paga extraordinaria de Navidad.
“No reclamamos ni paga extra ni aumento de sueldo ni más días libres o de vacaciones. No nos mueven intereses laborales o económicos. De hecho, acatamos las medidas que apliquen a causa de la crisis económica, como ya han sido dos bajadas de sueldo y no hemos dicho nada al respecto”, argumentó Lamo de Espinosa.
Lo que reivindican
Así, en la lectura del manifiesto, jueces y fiscales resumen en ocho puntos sus reivindicaciones. Exigen la retirada inmediata del proyecto de reforma de la LOPJ, pues “perjudica la calidad de la justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica”, y el mantenimiento de la estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), potenciando el Consejo Fiscal. Reclaman también la autonomía presupuestaria del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal.
El manifiesto recoge asimismo otras demandas como el aumento de la planta judicial con jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea, una justicia profesional dotada de los medios humanos y materiales necesarios, la determinación definitiva de la carga de trabajo compatible con una justicia de calidad y la adopción de medidas para paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los Juzgados y Fiscalías.
Sobre tasas y el Registro Civil
El juez decano de Melilla quiso aclarar que ninguna organización o asociación de jueces apoyó nunca la subida de tasas judiciales, aprobada en la correspondiente ley, ni mucho menos en esa cuantía. Insistió en que se demandó la aplicación de unas tasas “moderadas” y ahí radica su principal reivindicación sobre la Ley de Tasas Judiciales. En cambio, el Consejo General de la Abogacía exige la retirada total. Ambos colectivos coinciden, en cambio, en la argumentación, pues estas tasas, limitan el acceso de los ciudadanos a la justicia. Por otro lado, Lamo de Espinosa se mostró cauto con la decisión del ministro de ceder el Registro Civil a los registradores, pues es una propuesta aún por “estudiar y valorar”.
