La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado a la empresa pública Remesa, dedicada a la gestión de residuos en Melilla, al conjunto de entidades investigadas en el marco de una presunta trama de corrupción relacionada con adjudicaciones públicas amañadas y presiones institucionales. Según ha publicado el diario La Razón, la investigación gira en torno a al menos cinco contratos valorados en 133 millones de euros, que habrían sido concedidos de forma irregular y cuya tramitación apunta directamente a estructuras internas de Remesa, empresa participada al 50% por el Gobierno de España y al 50% por la Ciudad Autónoma de Melilla.
En el centro de este caso aparece la figura de Leire Díez, conocida en círculos políticos y mediáticos como la “cloaquera” del PSOE, quien ha trabajado en distintas empresas públicas estatales y cuya actividad ha sido puesta bajo la lupa de la UCO, no solo por su presunta intervención en amaños de contratos, sino por actuaciones que podrían constituir graves delitos como obstrucción a la justicia e incluso sobornar para tratar de obtener trapos sucios con los que coaccionar a mandos de la propia UCO para que cesaran en sus pesquisas.
Según detalla la investigación, Díez habría intentado intervenir para obstaculizar procedimientos judiciales en marcha, llegando a presionar supuestamente a los propios jefes de la unidad que ahora está al frente de esta operación, lo que añade una dimensión especialmente sensible al caso.
La inclusión de Remesa en esta investigación, que dataría de los años 2021 y 2022, pone en evidencia la posible existencia de ramificaciones locales dentro de un entramado mayor que estaría operando a nivel estatal.
Remesa, como entidad mixta, cuenta con fondos públicos procedentes tanto del Ejecutivo nacional como del Gobierno melillense, lo que convierte cualquier irregularidad en su gestión en un asunto de alto impacto institucional. Las adjudicaciones investigadas por la UCO habrían beneficiado, presuntamente, a empresas afines mediante procedimientos poco transparentes, donde se habrían vulnerado principios básicos de legalidad, concurrencia y objetividad en la contratación.
La Sexta, por su parte, ha apuntado que fuentes de la investigación han señalado que se trata de cinco contratos en particular que se habrían dado entre 2021 y 2023. En concreto, teniendo en cuenta adjudicador y adjudicatario, se tratarían de Mercasa a Servinabar, Sepides a Forestalia, que se hizo con el contrato a través de una filial llamada Arpallet, Enusa a Residuos de Melilla (Remesa), SEPI a Tubos Reunidos y Parque Empresarial del Principado de Asturias a la empresa de derribos Erri Berri.
Los agentes de la Guardia Civil han solicitado y recopilado documentación interna de la empresa, analizado correos electrónicos, comunicaciones y expedientes de contratación vinculados a los años recientes. En estos procesos aparecen patrones coincidentes con otras investigaciones abiertas en distintos puntos del país, especialmente en relación con la actividad de determinadas figuras ligadas al Partido Socialista y su entorno de influencia en empresas públicas, organismos autónomos y áreas sensibles de la administración.
Melilla, en observación
Este caso, además, no surge en el vacío. Desde hace meses, Melilla ya se encontraba bajo observación por parte del Tribunal Supremo a raíz del conocido “caso Koldo”, en el que el antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos fue detenido por su papel en una red de contrataciones fraudulentas de material sanitario durante la pandemia. Aquella investigación reveló también adjudicaciones opacas en Melilla tras la constitución del Gobierno local apoyado por el pacto PSOE-CpM en 2019. Ahora, con Remesa implicada, se refuerza la tesis de que las prácticas irregulares podrían haberse extendido a otras áreas de la gestión pública en la ciudad.
El silencio institucional ha sido hasta ahora la tónica dominante. Ni el Gobierno central ni la Ciudad Autónoma de Melilla han emitido declaraciones oficiales respecto a la implicación de Remesa en la investigación. Tampoco la empresa pública ha ofrecido versión alguna sobre su presunta participación en los hechos, a pesar de que la magnitud de los contratos bajo sospecha y el carácter compartido de su financiación hacen que este caso tenga una relevancia política considerable.
La ausencia de explicaciones, en un contexto de creciente indignación ciudadana ante los casos de corrupción, no hace sino aumentar la presión para que se adopten medidas de transparencia y depuración de responsabilidades.
Fuentes consultadas por La Razón apuntan a que la UCO investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. La gravedad de estos delitos, en especial el intento de interferencia en las investigaciones policiales, puede dar lugar a imputaciones formales contra varios implicados y nuevas detenciones si se confirma la existencia de una red estructurada para manipular los procesos de contratación y silenciar a los investigadores.
Desde distintos sectores políticos y sociales se han empezado a exigir explicaciones y responsabilidades por estos hechos. La participación directa del Estado y la Ciudad Autónoma en Remesa hace que ambos gobiernos deban responder por los mecanismos de control y fiscalización que han fallado en este caso. La ciudadanía, por su parte, contempla con creciente preocupación el uso de fondos públicos para beneficiar intereses particulares a través de entramados que, según los indicios, estarían bien organizados y contarían con apoyo dentro de las estructuras del poder político y administrativo.
Mientras tanto, la investigación sigue su curso bajo secreto de sumario. No se descarta que las pesquisas actuales sobre Remesa puedan derivar en una ampliación de la causa hacia otros organismos públicos y empresas que hayan mantenido relaciones contractuales similares. La actuación de Leire Díez y su capacidad de influencia dentro del ecosistema público estatal se presenta como un elemento clave para entender el alcance real de esta presunta trama, cuyas consecuencias podrían sacudir no solo el tablero político local, sino también afectar a figuras del entorno gubernamental a nivel nacional.
Remesa, cuyo objeto principal es la gestión integral de residuos urbanos en Melilla, se enfrenta ahora al reto de esclarecer su papel en este proceso, revisar sus procedimientos internos y colaborar con la justicia para depurar cualquier posible responsabilidad. La transparencia y la rendición de cuentas se perfilan como exigencias ineludibles en un momento en el que la confianza pública en las instituciones vuelve a ponerse en entredicho por casos de corrupción de alto voltaje.
A la trena con todo el q la trame participe o calle. De tdas formas la corrupción del PSOE no llega ni al 1% de lo ROBADO/ESQUILMADO O REPARTIDO EN SOBRES DEL PP. A LA TRENA CON TODO MAL PARIDO CHORIZO DELINCUENTE, EN POLÍTICA ABUNDAN. HDLGP