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Aseguran que no hubo intención de cometer ninguna ilegalidad. La abogada de Garbín defiende que la entonces consejera no implantó el sistema de contratación, que ya existía cuando ella llegó al cargo
El juicio del ‘caso Abogados’ quedó ayer visto para sentencia, con una petición de hasta diez años de inhabilitación para los imputados por parte de Fiscalía y acusación, mientras que las defensas reclaman la absolución. Los seis abogados que conforma la defensa de los 13 inculpados, entre los que se encuentra María Antonia Garbín, solicitaron ayer la absolución para sus representados y alegaron que no hubo dolo en su actuación y por tanto no existe delito de prevaricación, ni tampoco hubo cooperación por parte de los 4 abogados acusados. A Garbín, consejera de Bienestar Social entre 2003 y 2015, se le acusa de la supuesta contratación irregular de cuatro letrados externos a la Administración local. Estos abogados, junto a 8 funcionarios de Bienestar Social, son los otros 12 imputados.
A lo largo de las casi cuatro horas que duró la sesión. La defensa insistió en que no hubo mala fe en la actuación de sus representados. Es más, se preguntaron qué otra forma había de cubrir las necesidades que tenía esta Consejería si no era mediante la contratación de abogados externos. Uno de los letrados señaló que incluso la acusación ha llegado a manifestar que “la intención era buena pero ilegal”. En este punto, aseveró que si la intención es buena no hay dolo y por tanto no existe prevaricación.
Asimismo, desde la defensa argumentan que el sistema para la contratación de letrados externos existía antes del periodo que se está analizando en este proceso. Es decir, que ni María Antonia Garbín ni el resto de los inculpados implantaron esta forma de cubrir las necesidades que surgían en la Consejería y que esta práctica había sido habitual desde el año 1998, cuando se cuenta por primera vez con los servicios de una abogada externa.
La abogada de Garbín, María José Aguilar Silveti, resaltó, además, que la entonces consejera no tenía cualificación jurídica ni intervenía en la elaboración de los contratos. Además, tanto ella como el resto de letrados resaltaron que en ningún momento hubo ninguna advertencia por parte de la Intervención de la Ciudad, tal y como señaló en su testimonio el que fuera interventor accidental entre 2012 y 2014, Francisco Javier Platero. Asimismo, apuntó que tampoco existe constancia de que María Antonia Garbín diera instrucciones sobre las cláusulas que se incluían en los contratos.
“Nunca se hizo advertencia de la supuesta ilegalidad de este sistema, porque todos tienen la convicción de que lo que se hacía era legal”, aseveró la abogada de la exconsejera.
“No encuentro qué reproche se le puede hacer ni a Garbín ni a los abogados”, aseveró la letrada, que se preguntó dónde estaba la intencionalidad o beneficio para los inculpados.
Los seis letrados de la defensa recalcaron, asimismo, que la contratación de los abogados externos obedeció siempre a una necesidad que era difícil de predecir. Es más, llegaron a señalar que en el caso de que por no contar con esta ayuda externa se hubieran desatendido los servicios de los que es responsable la Consejería de Bienestar Social, sí que habría existido un motivo para ir a los tribunales.
Otro de los abogados de la defensa, Blas Jesús Imbroda, insistió en preguntar si se ha podido acreditar a lo largo de este proceso que hubo conciencia de ilegalidad para justificar que este caso haya sido llevado al ámbito penal, y no sea tratado como un asunto de irregularidad administrativa, en el supuesto de que se hubiera producido dicha irregularidad. La defensa insistió en que lo que se ha juzgado encuadra en el ámbito administrativo y no en el penal.
“No se han puesto de acuerdo para declarar. Han dicho la verdad”, aseveró Blas Jesús Imbroda sobre los testimonios de los inculpados, al tiempo que destacó la “profesionalidad intachable” de todos los juzgados. “Jamás tuvieron duda de que pudieran estar cometiendo delito alguno. Si lo hubieran pensado, habrían parado inmediatamente”, aseveró.
Los letrados de la defensa insistieron en todo momento en que no hubo beneficio para ninguno de los acusados. “Mire a los imputados y piense si se encuentra ante una red de delincuentes”, propuso uno de los defensores al juez que instruye el caso.
Crítica a las valoraciones jurídicas en el informe de la Guardia Civil
Los letrados de la defensa del ‘caso Abogados’ mostraron ayer sus dudas sobre la investigación realizada por la Guardia Civil previa a la apertura de este proceso. Los abogados consideraron que no se realizaron todas las diligencias necesarias. Asimismo, criticaron que el informe incluyera numerosas valoraciones jurídicas, en lugar de ceñirse a los hechos, cuando según ellos los investigadores no cuentan con los conocimientos judiciales necesarios para hacer ese tipo de análisis. Insistieron en que la Policía Judicial no debería haber incluido en su informe “valoraciones jurídicas ni apreciaciones subjetivas”. Señalaron que la Benemérita realizó un informe “sin ni siquiera saber las competencias de la entonces consejera de Bienestar Social”.
