La Ciudad pedirá a Rajoy la implantación del último módulo de la desaladora

El consejero de Medio Ambiente asegura que con el Ejecutivo de Zapatero “el proyecto quedó completamente muerto”.

El Ejecutivo de la Ciudad Autónoma retomará las negociaciones con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy para implantar el cuarto y último módulo de la Planta Desalinizadora.
Así lo anunció en la jornada de ayer el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, quien indicó que con el Gobierno saliente “el tema llevaba muerto desde hace meses”, pese a que el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, aseguró el pasado mes de mayo que el proyecto sería incluido en la Ley de Presupuestos del 2012.
No obstante, Calabuig señaló que todo lo hablado con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cayó finalmente en saco roto, por lo que se iniciarán los contactos con el nuevo Ministerio de Medio Ambiente para retomar la iniciativa.
Sólo con el último módulo se desalarían unos 10 millones de litros de agua diarios, logrando así 31 millones con los cuatro funcionando a ritmo normal.
Esta cantidad serviría para cubrir el consumo de la ciudad autónoma, el cual es de 30 millones de litros al día. Además, el agua sería más pura que la actual, que se obtiene de la mezcla entre la generada por la desalinizadora y la de los pozos subterráneos.
Con la llegada de Rajoy a la Moncloa, el Ejecutivo melillense vuelve a tener esperanzas de que este proyecto se retome, aunque Calabuig no dio plazos de ningún tipo, y se limitó a señalar que pondrían sobre la mesa todos los acuerdos rubricados con el anterior Gobierno para que el Estado se ocupe de su implantación.
La última noticia que se tuvo respecto a esta iniciativa fueron las declaraciones efectuadas por Zarrías en mayo. Hasta ese momento, el Ejecutivo melillense había denunciado en multitud de ocasiones la inacción de Madrid para poner en marcha el proyecto.
De hecho, a principios del 2011 incluso se llegó a plantear la posibilidad de que fuera el Gobierno local el que corriera con los gastos de su implantación, rompiendo así lo acordado con el Ministerio de Medio Ambiente, que debía hacerse cargo de la inversión.