Las actividades van destinadas a jóvenes infractores o en riesgo de exclusión, no privados de libertad.
La Ciudad Autónoma invertirá más de 722.000 euros en la puesta en marcha de talleres de reinserción socio-laboral de menores infractores y en riesgo de exclusión social. El Boletín Oficial de Melilla (BOME) publicó el viernes la apertura de la oferta para la adjudicación de este servicio. Según se detalla en este texto, el plazo de ejecución del contrato será de cuatro años, no prorrogables y los interesados tendrán quince días para presentar sus ofertas.
La empresa adjudicataria tendrá que demostrar una garantía económica provisional de unos 20.835 euros y acreditar solvencia técnica y financiera.
El objetivo de este centro de día es ser un área de desarrollo personal y convivencia para estos menores. Asimismo, también se les ofrece a los jóvenes formación socio-laboral y un espacio de ocio. En estas instalaciones se atiende a menores sujetos a las medidas impuestas por el Juzgado de Menores, pero independientemente de este dictamen, en todos los casos se realizarán con ellos tareas educativas y de libertad vigilada.
Los jóvenes a los que se atiende en este centro son menores entre 14 y 18 años, así como jóvenes de hasta 21 a los que se le haya impuesto alguna medida judicial no privativa de libertad. También se benefician de este servicio de inserción social y laboral jóvenes en riesgo de exclusión social y menores en acogimiento residencial tutelados o no por una institución pública. El número de personas que participarán en los talleres del centro es de 28, que se dividirán en dos grupos, uno para el taller de carpintería y el otro para el resto de actividades.
Las actividades se desarrollan en las aulas de los Talleres de Oficios situadas en el Monte María Cristina, que están gestionadas por la Consejería de Bienestar Social.
El centro tiene un horario amplio y continuado durante todo el día entre semana y por la mañana los sábados, con una oferta de actividades lo suficientemente flexible para adecuar la programación a las características y circunstancias personales de los menores, así como a las medidas impuestas judicialmente.
La empresa que se encargue de prestar el servicio tendrá como obligaciones, además de desarrollar las actividades del taller, el acompañamiento a los menores en las entrevistas o comparecencias en los juzgados y mantener y cuidar el local en el que se realizarán los talleres.
En el caso de que se produzca alguna incidencia que afecte a los menores infractores o al servicio, la empresa tendrá que comunicarlo inmediatamente. Además, al firmar el contrato se comprometen a elaborar un programa individualizado de ejecución que deberá adaptarse a la situación familiar y judicial del menor. También tendrán que elaborarse informes de seguimiento.
