La continuidad del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Melilla está garantizada, al menos para los próximos tres años. La confirmación ha llegado con la firma del contrato entre la Ciudad y la empresa que se hará cargo de su funcionamiento, con lo que se pone fin a un largo proceso administrativo que se inició en febrero de 2025 y que ha estado marcado por distintos requerimientos y vicisitudes durante su tramitación hasta su reciente rúbrica entre las partes.
Finalmente, este servicio se ha adjudicado por 1,49 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses para una actividad que es esencial con el fin de garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales relacionadas con el régimen de visitas y la protección de menores en situaciones de conflicto en el hogar.
El Ejecutivo melillense desbloquea así definitivamente un expediente que acumulaba más de un año de recorrido y asegura la continuidad de un recurso fundamental dentro del sistema de protección a la infancia y de apoyo a las familias inmersas en procesos de separación, divorcio o situaciones de violencia doméstica y de género.
El acuerdo alcanzado permitirá mantener la prestación de una atención especializada cuyo principal objetivo es garantizar el derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores y con otros miembros de su familia cuando así lo establezca una resolución judicial. El Punto de Encuentro Familiar constituye un espacio neutral, temporal y supervisado en el que se desarrollan los contactos entre los menores y sus familiares en aquellos casos en los que existe un elevado nivel de conflictividad o resulta necesario preservar la seguridad y el bienestar de los niños.
Reforzar la capacidad protectora del menor
La adjudicación supone, además, dar estabilidad a un recurso que desempeña una función especialmente relevante en los procedimientos contenciosos de familia. A través del Punto de Encuentro Familiar se ejecutan los regímenes de custodia, visitas, comunicación y estancia fijados por los tribunales en procesos de nulidad, separación o divorcio, así como las medidas civiles acordadas en órdenes de protección para víctimas de violencia doméstica o de violencia de género.
Su intervención también persigue favorecer que los menores mantengan vínculos afectivos con ambos progenitores y con sus entornos, contribuyendo a su desarrollo emocional, psicológico y social. Al mismo tiempo, ofrece apoyo profesional a madres y padres para que puedan gestionar los conflictos derivados de la ruptura de la convivencia y, progresivamente, adquieran la autonomía suficiente para ejercer sus responsabilidades parentales sin necesidad de recurrir a este recurso.
La filosofía del PEF parte de la consideración de la familia como el núcleo básico para el desarrollo integral de los menores. Por ello, la intervención va más allá de garantizar las visitas, de manera que también sirve para reforzar la capacidad protectora y favorecer un funcionamiento adecuado de las relaciones familiares, especialmente en aquellos casos que presentan una mayor vulnerabilidad.
Para ello, el servicio presta atención gratuita, personalizada y confidencial a todos los miembros de la unidad familiar mediante un equipo multidisciplinar formado por profesionales especializados en el ámbito psicológico, social y familiar. Su actividad recoge acciones como las visitas tuteladas, que se desarrollan dentro de las instalaciones del centro bajo la supervisión permanente del personal especializado cuando así lo ordena la autoridad judicial. En determinados supuestos, esa supervisión también incluye la preparación previa del encuentro y la intervención técnica tanto con los adultos como con los menores, de acuerdo con un plan individualizado.
Asistencia psicológica y social
Asimismo, el servicio contempla visitas dentro del centro sin supervisión directa del personal, una modalidad que suele utilizarse cuando la evolución del caso permite reducir el nivel de intervención profesional. Otra de las actuaciones previstas son las visitas tuteladas fuera del Punto de Encuentro Familiar, concebidas generalmente como una fase de transición hacia un régimen de visitas completamente normalizado.
A todo ello se incluye la realización de intercambios, consistentes en revisar únicamente la entrega y recogida de los menores para que las visitas puedan desarrollarse fuera del centro, evitando el contacto directo entre padres y madres cuando exista conflictividad. Además, el PEF acompaña a menores a centros penitenciarios, hospitales o residencias donde se encuentren sus progenitores, tutores u otros familiares autorizados, siempre que estas personas no puedan desplazarse hasta las instalaciones del servicio.
El recurso incorpora igualmente una labor de orientación psicológica y social destinada a mejorar las relaciones entre padres e hijos y favorecer que los adultos asuman de manera responsable los acuerdos establecidos por los tribunales en materia de visitas y comunicación. Cuando las circunstancias lo requieren, esta intervención también se extiende a la relación de los menores con tutores, guardadores u otros familiares.
La actuación del Punto de Encuentro Familiar tiene carácter temporal y el objetivo es que la intervención profesional desaparezca una vez se hayan superado las circunstancias que motivaron la derivación al centro cuando los progenitores sean capaces de cumplir de forma autónoma las obligaciones fijadas judicialmente.
Las instalaciones del servicio se ubicarán en el local situado en la carretera de Alfonso XIII, aunque el contrato contempla la posibilidad de modificar esta localización si las necesidades del servicio así lo aconsejan durante el periodo de ejecución.
