La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha defendido este lunes que entregó la ampliación de la desaladora de Melilla en "perfecto estado de funcionamiento" y acusa al Gobierno de la Ciudad Autónoma de bloquear las tareas necesarias para completar su legalización y puesta a punto definitiva. En una nota de prensa divulgada por la Delegación del Gobierno, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica afirma sentirse injustamente señalado por los últimos incidentes en la planta y denuncia una "actitud hostil" por parte de la administración local.
Según detalla el comunicado, el pasado 6 de marzo de 2024 se formalizó la entrega técnica de la ampliación de la planta desaladora, compuesta por cuatro módulos de ósmosis inversa que fueron verificados y puestos en marcha con éxito. "Se constató técnicamente el perfecto funcionamiento de los cuatro módulos", asegura la CHG, que subraya que la instalación fue entregada en condiciones óptimas, aunque no pueden operar simultáneamente debido a las limitaciones de la actual línea eléctrica.
La respuesta del organismo llega tras las recientes críticas del Ejecutivo melillense, que ha vinculado a la CHG con los fallos detectados en la planta, entre ellos una interrupción eléctrica que paralizó la instalación. La CHG sostiene que esa interrupción, no comunicada oficialmente, provocó una parada brusca y daños en conducciones y bombeos gestionados por la propia Ciudad Autónoma, mientras que la desaladora, gracias a sus sistemas de protección, no sufrió averías graves. Sin embargo, la computadora central quedó desconfigurada y tuvo que ser reiniciada por personal especializado.
El organismo subraya que, a pesar de no tener competencias en la explotación de la planta, ha estado pendiente de atender las demandas de la Ciudad en cuanto a la ampliación. Aun así, denuncia que lleva más de tres meses esperando una respuesta oficial para acceder a las instalaciones y completar tareas pendientes como parte de la legalización técnica de la infraestructura. El acceso fue solicitado formalmente el 7 de marzo, pero hasta la fecha no se ha autorizado.
Entre las gestiones bloqueadas se incluyen intervenciones en el sistema de aire comprimido, visitas al área de productos químicos (APQ) para emitir certificados y la inspección de la instalación de Baja Tensión. Esta documentación técnica ya ha sido entregada, y parte del proceso depende de la colaboración de la administración local, que, según la CHG, ha sido insuficiente.
El comunicado también señala retrasos en la gestión de una avería ocurrida en enero, cuando se produjo la rotura de un tubo de presión en uno de los bastidores. Este organismo público afirma que el Gobierno de Melilla tardó cinco meses en remitir al fabricante el informe del incidente, motivo por el cual el bastidor permanece fuera de servicio. La CHG considera que esta falta de diligencia afecta directamente al rendimiento de la planta y pone en riesgo la inversión estatal.
En total, el Gobierno de España ha destinado cerca de 30 millones de euros a la ampliación de la desaladora, a los que se suman otros 11 millones contemplados para mejorar la red de abastecimiento de agua. La CHG alerta de que estos esfuerzos podrían quedar deslucidos si la gestión local no está a la altura de las exigencias técnicas y operativas que requiere una infraestructura de esta complejidad.
Asimismo, se critica la reparación "muy deficiente y tardía" de componentes como la tapa y la alcachofa del inmisario antiguo, elementos que se encontraban en buen estado en el momento de la entrega. La CHG recuerda que el arranque completo de la planta requiere procesos pausados y técnicos cualificados, por lo que paradas súbitas como la sufrida pueden comprometer su integridad.
Finalmente, la CHG ha remitido un escrito al Gobierno de Melilla en el que reitera la necesidad urgente de permitir el acceso a la planta para concluir las tareas pendientes. A través de este comunicado, también quiere trasladar a los ciudadanos melillenses su compromiso con un servicio de abastecimiento seguro y eficaz, e insta a las autoridades locales a superar los obstáculos burocráticos y de interlocución para avanzar en beneficio del interés general.
Ventura no debería seguir ni un segundo más en el carguillo. Lleva desde que llegó sin asumir sus responsabilidades, mintiendonos y tergiversando la realidad. Un mitómano e inútil que solo sabe cobrar a finales de cada mes. De consejería en consejería sin dar palo al agua. Culpa también de Imbroda por mantenerlo en su desgobierno.