Los becarios disponen de su propio estatuto. Este se aprobó tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT.
Sin embargo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se ha mostrado en contra de este Estatuto, así como la comunidad universitaria de nuestro país, pues opina que esta nueva legislación limitará la empleabilidad de los estudiantes.
En el caso de nuestra ciudad, el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), Enrique Alcoba, opina que ha faltado consenso en este acuerdo. Dicha opinión, afirma, coincide con la CEOE y las universidades.
"No se pueden decidir estas cosas desde los sindicatos, cuando quien contrata son los empresarios y las universidades son las que aportan los alumnos para trabajar", manifiesta Alcoba.
Asimismo, Alcoba sostiene que para cambiar "las reglas de juego" se deben llegar a acuerdos de consenso entre las partes.
"Al final, los más perjudicados serán los propios becarios, pues no se les contratará", denunció Alcoba.
Estatuto
El objetivo del Estatuto del Becario es regular las prácticas que los estudiantes realizan durante su formación académica. Los firmantes de este acuerdo, Gobierno Central y sindicatos mayoritarios, afirman que dicho Estatuto acabará con el fraude que se desarrolla en estas situaciones.
La patronal no se sumó al acuerdo, pues los empresarios consideran que el acuerdo incrementa la burocracia, además de limitar el número de horas de las prácticas extracurriculares. Por otro lado, la CEOE opina que el Estatuto no aporta seguridad jurídica, ya que, denuncian, interfiere con la normativa universitaria.
Tampoco están de acuerdo con el Estatuto las universidades. Desde la Conferencia de Rectores de la Universidades Española (CRUE) denunciaron en un comunicado que el Estatuto supone una amenaza para el modelo de prácticas del sistema universitario, además de poner en riesgo las plazaas que dicho sistema necesita.
La CRUE también se ha mostrado en contra de que actores externos a las universidades negocien acuerdos de las prácticas de los estudiantes.
"Las prácticas de estudiantes universitarios son un asunto estrictamente académico y no entendemos por qué razón sindicatos y patronal tienen que pactar su régimen jurídico", afirman.
Esta norma no ha sido aprobada aún por el Consejo de Ministros.
