La Autoridad Portuaria de Melilla ha confirmado que el expediente administrativo relativo al contrato de remodelación del tinglado número 5 del puerto está completo y preparado para ser entregado a las autoridades judiciales o policiales, en caso de ser requerido en el marco de la investigación del denominado ‘caso Koldo’. Así lo ha afirmado el presidente del organismo, Manuel Ángel Quevedo, quien aseguró que "nadie nos ha pedido nada, pero está todo organizado y listo para cuando el juzgado, la Fiscalía o la UCO lo soliciten".
El contrato, adjudicado en 2021 a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción S.L., es objeto de escrutinio judicial tras conocerse su posible vinculación con una red de corrupción encabezada presuntamente por altos cargos del entorno del exministro José Luis Ábalos. Aunque la ejecución del proyecto fue cerrada y liquidada antes de la llegada de la actual dirección en julio de 2023, la empresa presentó posteriormente una reclamación por una revisión extraordinaria de precios por valor de 54.000 euros.
La Autoridad Portuaria rechazó dicha petición tras evaluar el caso jurídicamente. “Consideramos que no es conforme a derecho, por lo cual hemos hecho una resolución negativa, firmada por mí”, explicó Quevedo. Ante la negativa, la empresa llevó el caso ante los tribunales. “Estamos defendiendo en el juzgado que no le corresponde esa cantidad económica”, añadió el presidente, quien remarcó que la defensa está a cargo del abogado del Estado y que mantienen la confianza en una resolución favorable: “Esperamos ganarlo, si no en primera, en segunda instancia”.
La obra, cofinanciada con fondos europeos FEDER en una cuantía de 516.000 euros, fue inicialmente adjudicada por 658.000 euros. Sin embargo, durante su ejecución se aprobaron modificaciones por problemas de cimentación y puertas, lo que elevó el coste total hasta los 785.000 euros. La recepción oficial de la obra tuvo lugar el 13 de marzo de 2023, y la liquidación definitiva se firmó el 27 de junio del mismo año.
Quevedo insistió en que toda la contratación y ejecución del proyecto se realizó antes de su llegada a la presidencia del organismo portuario. “Todo estaba cerrado antes de nuestra llegada. La licitación, adjudicación, ejecución y liquidación del contrato se hicieron bajo el Gobierno anterior”.
Uno de los aspectos que más peso otorgan al expediente es su financiación europea, ya que los proyectos financiados con fondos FEDER deben superar controles de legalidad y transparencia especialmente estrictos. “El expediente debe estar completo y bien documentado, porque los fondos FEDER no se conceden sin una revisión exhaustiva”, subrayó Quevedo.
La aparición de Levantina S.L. en el sumario del ‘caso Koldo’ añade una dimensión política y judicial relevante. Según la investigación, esta empresa habría sido una de las beneficiadas por la presunta red corrupta, a cambio de comisiones fijas por obra pública. La UCO halló documentación sensible en los registros a la vivienda de José Ruz, principal accionista de Levantina, entre ellos pendrives con referencias a distintas administraciones públicas.
Actualmente, la empresa atraviesa una delicada situación financiera, que, según fuentes de la Autoridad Portuaria, podría comprometer su capacidad de afrontar futuras responsabilidades legales.
El caso de Melilla, aunque aparentemente puntual, se inscribe en un entramado más amplio que está siendo investigado por la justicia y que alcanza a varias administraciones autonómicas y al extinto Ministerio de Transportes. La instrucción judicial busca esclarecer si existió una red estructurada de adjudicaciones públicas alteradas mediante pagos ilegales.
Desde Melilla, el mensaje institucional ha sido claro: “La legalidad no se negocia”, subrayó Quevedo, reiterando que su equipo está colaborando plenamente con cualquier requerimiento que pueda surgir desde instancias judiciales o policiales.
