El sindicato pretende restablecer los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos antes del ‘Decretazo’. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, la misma sección que en su día dictó la sentencia de la “congelación salarial” acordada en 1996 por el Gobierno, por Resolución de fecha 9 de julio de 2010, ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las federaciones del área pública de Comisiones Obreras contra la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio (BOE de 26 de mayo de 2010).
Hay que tener en cuenta el extenso ámbito de aplicación que tiene la referida resolución de nóminas toda vez que, en la misma, se establecen las cuantías de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de las funcionarias y funcionarios públicos a quienes se les aplica el régimen retributivo de la Ley 30/1984, -cuyo carácter básico incide no sólo en el personal funcionario de la Administración General del Estado, sino que también afecta al funcionariado de la Administración Local y al personal estatutario-, las retribuciones correspondientes al personal docente universitario y dependiente del Ministerio de Educación, las retribuciones del personal militar profesional y las fijadas para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como las establecidas para los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, para el Cuerpo de Secretarios Judiciales y los distintos cuerpos de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia; todo ello sin olvidar al personal laboral de la Administración General del Estado.
Con el recurso contencioso-administrativo presentado ante la Audiencia Nacional, cuya admisión a trámite celebra CCOO, se pretende dar cobertura jurídica a todo el personal afectado por el ámbito de aplicación de dicha resolución, intentando que los tribunales restablezcan los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos a la situación anterior a esa decisión gubernativa de “confiscación” de sus salarios; decisión que CCOO, desde un primer momento, ha considerado absolutamente inconstitucional y contraria a los más elementales principios generales del Derecho.
