Desde la Asociación ‘Plataforma de Interinos Docentes de Ceuta’ (PIDOCE), que también tiene una plataforma hermana en Melilla, informaron a través de una nota de prensa que están recibiendo sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en las demandas que la plataforma ha interpuesto contra la Administración en relación al fraude de ley en el que se ven inmersos muchos trabajadores temporales públicos “durante periodos sancionables, sin llevar a cabo procesos de consolidación de empleo público reales y efectivos.
Destacaron que también Unión Europea ha llamado la atención por este asunto a España por incumplimiento de las Directivas Comunitarias sobre el trabajo de duración determinada, “incluso bajo amenaza de sanción económica”. Es por ello que e firmó por el anterior Gobierno y las grandes centrales sindicales a nivel nacional el “acuerdo de estabilización” que se está prorrogando y que pretende consolidar las plazas como fijas “sin considerar el cómo hacerlo, ni tener en cuenta lo que indica la pasada sentencia del 19 de marzo de 2020, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se reconoce que las administraciones públicas españolas hacen abuso de la temporalidad con la figura de los interinos, que han encadenado años de contratos cubriendo puestos de trabajo estructurales”.
Según dicha sentencia “nadie, ni siquiera las administraciones públicas, pueden abusar de contratos temporales y que la oposición de acceso libre no es sanción para esta infracción a favor del trabajador, ni es disuasoria para las Administraciones”.
En el mismo sentido se ha pronunciado el TSJA en las reclamaciones interpuestas por el abogado Faisal Bakur, en representación de los socios de PIDOCE de Ceuta y Melilla, estimando el reconocimiento del fraude y dictando el mantenimiento del puesto de trabajo a los afectados por esta situación. Desde que PIDOCE empezó sus reivindicaciones entablaron “fallidas conversaciones y negociaciones con diferentes entes políticos y sindicales”, que negaron a asumir que su situación fuese un “fraude de ley o una tesitura de alegal”. Así acabaron acudiendo a la justicia.
Ahora con estas sentencias, esperan que en la próxima reunión del Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla, donde participan los respectivos Directores Provinciales de Educación, los sindicatos de ambas ciudades y el Ministerio de Educación, que está pospuesta al próximo martes 2 de febrero, “no sólo se hable del número de plazas y se cuestionen qué pasará si sale a concurso una plaza que ha sido sancionada judicialmente o si un afectado con sentencia favorable tiene que ser indemnizado económicamente por no consolidar dicha plaza”. Consideran que es necesario que aborden este tema y solucionen el problema “sin atajos que dejen desamparados a los trabajadores y trabajadoras públicos que llevan años demostrando la capacidad y mérito en sus funciones diarias”.
Por todo ello, el próximo domingo 31 de enero, se sumamos al llamamiento que se hace a nivel nacional desde distintas plataformas y sindicatos, para realizar una protesta en forma de caravana de coches en la que participan muchas capitales de provincia, para manifestar su malestar y descontento por cómo están siendo tratados estos profesionales. “Animamos a participar también a los trabajadores y trabajadoras temporales públicos de todos los sectores y los emplazamos a emprender acciones legales, ya que muchos muchos triunfos individuales pueden transformarse en una conquista colectiva”, concluyeron.
