El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará hoy un decreto ley para obligar a los bancos a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados que el Tribunal Supremo considera que deben abonar los clientes.
La noticia de la rectificación del Supremo nos ha caído a muchos como un jarro de agua fría porque entre lo que nos tiene que devolver Hacienda por obligarnos a pagar impuestos por la prestación por maternidad y lo que creíamos que nos iba a devolver el banco, teníamos ya planeadas las vacaciones de Navidad.
El Supremo era consciente de que dar marcha atrás y obligar a que sean los clientes quienes paguen el impuesto por la constitución de un crédito hipotecario iba a levantar una polvareda casi igual que la que levantaron los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra contra los acusados de la Manada al condenarlos por abuso sexual y no por violación.
Estos dos ejemplos, el de las hipotecas y el de la Manada, demuestran que nuestra sociedad va por un lado y nuestras leyes, otro.
En este país ha habido familias que lo perdieron todo durante la crisis económica. Los españoles fuimos testigos de cómo los bancos desahuciaban a padres con hijos para luego vender esas casas a precio de saldo para intentar recuperar algo del dinero que habían prestado durante el boom del ladrillo sin que nadie les pusiera una pistola en la cabeza.
Los españoles contribuimos al rescate de los bancos; de las autopistas, pero no hubo un rescate para las familias. A nosotros nos dieron, pero bien. Sólo conseguimos la dación en pago en determinados casos.
Para salvar al país de la ruina sufrimos recortes en Educación, Sanidad y sueldos. Incluso, en autonomías como Melilla, que dependemos de Madrid, tuvimos que aceptar el copago sanitario.
Eso lo tenemos aún reciente. Sin embargo, al Supremo, con mayoría de jueces conservadores, se le olvidó que estamos escaldados; que esta sentencia no sólo nos deja sin vacaciones de Navidad sino que deja la credibilidad del alto tribunal por los suelos.
Ayer el presidente del Gobierno le pedía al Supremo que hiciera autocrítica. Creo que eso es simplificar el problema. En mi opinión, la justicia española tiene que hacer autocrítica. Los ciudadanos necesitamos y exigimos una justicia imparcial en la que los jueces progresistas y los conservadores se dediquen a impartir justicia, no a hacer méritos para llegar a ministro o presidente de esto, de lo otro o del más allá.
Los jueces del alto tribunal han necesitado dos semanas para tomar una decisión. La mayoría de ellos llegó al encuentro con un voto claro, pero ante un empate técnico de los que sí y los que no, uno de ellos cambió de opinión e inclinó la balanza a favor de la banca.
Otra vez vuelven a ganar los banqueros. Esos mismos que rescatamos con el dinero de todos porque muchos directivos se habían llenado los bolsillos con el dinero de las tarjetas Black o con los desfalcos de la CAM.
Sin proponérselo o quizás a sabiendas, este fallo del Supremo contra de los clientes ha dado el tiro de gracia a la confianza de la gente en la justicia.
En esta ecuación, Podemos era el único partido que podía salir beneficiado del fallo del Supremo porque necesita movilizar a sus bases en torno a uno de los pilares de su partido: lucha antidesahucios y demonización de la banca.
Pablo Iglesias, ni en sus peores pesadillas, pudo imaginar que el Gobierno de Pedro Sánchez se le adelantaría con un decreto ley que sobre el papel nos defiende.
Sin embargo, todos sabemos que en la práctica los bancos nos harán pagar la parte de su impuesto de actos jurídicos documentados, encareciendo las hipotecas, ya de por sí caras y difíciles de conseguir con ingresos mensuales medios.
El espectáculo del Supremo es sólo un capítulo más. Han hecho justicia, pero ¿para quién? Esto no se arregla con un decreto ley.
