Ingesa mantiene externalizados varios servicios sanitarios para garantizar la asistencia

La gestión de PET-TAC, Teleictus o la interrupción del embarazo compete a los principales grupos hospitalarios nacionales

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) mantiene externalizados los servicios de PET-TAC y Teleictus, según aparece publicado en la Plataforma de Contratación del Estado. Además, así lo han confirmado a este medio fuentes del organismo sanitario.

La gestión compete a empresas externas, relacionadas con los principales grupos hospitalarios privados de nuestro país.

Si bien en un principio Teleictus estaba gestionado por Quirónsalud, finalmente se concedió el servicio al grupo Vithas, uno de los principales en materia hospitalaria en España.

La adjudicación se ha materializado por 57.400 euros, con el objeto de asesorar mediante telemedicina a personal sanitario de la ciudad en episodios de ictus a pacientes locales.

Una situación similar a la de los servicios de realización de las pruebas diagnósticas PET-TAC (tomografía de emisión de positrones y Tomografía Axial Computarizada). En este caso, el servicio se adjudicó al grupo IDCQ Hospitales Y Sanidad S.L.U por 233.143 euros, con el fin de establecer el servicio de realización de las pruebas diagnósticas, efectuadas por la Gerencia de Atención Sanitaria del Ingesa en Melilla.

Cabe destacar que IDCQ es es la sociedad principal del grupo hospitalario Quirónsalud, mayor grupo sanitario de España y Europa.

Según se ha denunciado en medios nacionales, tanto en Melilla como en la ciudad hermana de Ceuta, únicos territorios sobre los que el Ministerio de Sanidad tiene gestión directa, se están alcanzando unas cotas de privatización cercanas al 40 %.

Solamente en el Hospital Comarcal de Melilla, clausurado desde el martes 16 de diciembre tras haberse procedido al traslado al HUME, la contratación de pruebas realizadas por medios externos entre enero de 2023 y abril de 2024 ascendió a 1,5 millones de euros.

Interrupción voluntaria del embarazo

Hace pocos meses, el Ingesa sacó a licitación un servicio para garantizar la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a las mujeres residentes en Melilla. Esta medida buscaba dar respuesta a una situación excepcional en el sistema público de salud: En la ciudad autónoma no se puede abortar en la sanidad pública porque el 100 % de los ginecólogos del Hospital Comarcal se acogen al derecho a la objeción de conciencia.

Finalmente, se ha adjudicado este servicio a la clínica Atocha Ginecológica, SL por 86.156 euros.

Atocha Ginecológica forma parte del grupo empresarial Ginesur, junto con Spawsky S. L. Este grupo dispone de centros en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, dedicándose a la salud sexual y reproductiva.

El servicio se prestará en centros sanitarios autorizados ubicados fuera de Melilla, debido a la imposibilidad de realizar las intervenciones dentro de la propia ciudad.

De esta forma, el Ingesa ha habilitado un sistema para derivar a las pacientes a clínicas acreditadas en otras comunidades autónomas, donde recibirán tanto el procedimiento como la atención previa y posterior, incluyendo el seguimiento clínico.

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