La última intervención del pleno de la Asamblea de Melilla estuvo a cargo del diputado de Somos Melilla, Amín Azmani, quien centró su intervención en la situación de los empleados públicos y la gestión de los servicios esenciales. Azmani denunció retrasos en pagos, conflictos en la aplicación de acuerdos previos y cuestionó la municipalización de determinados servicios, así como la gestión de los recursos humanos en sectores como la Policía Local, las escuelas infantiles, las bibliotecas y los servicios de dependencia pública.
Por su parte, la consejera de Presidencia y Administración Pública, Marta Fernández de Castro, respondió asegurando que todos los procesos cuentan con informes técnicos, jurídicos y económicos, y que se trabaja de manera coordinada con los sindicatos para abordar las necesidades de los empleados públicos y garantizar la planificación de los servicios.
Azmani comenzó su intervención señalando que varios colectivos de la ciudad estaban “en pie de guerra” y que la Administración no estaba cumpliendo con acuerdos previos. Entre los grupos mencionados citó a la Policía Local, empleados de ludotecas, vigilantes de seguridad, trabajadores de escuelas infantiles, empleados de la Purísima y del servicio de limpieza.
El diputado señaló que los compromisos adquiridos con la Policía Local en años anteriores no se habían cumplido, incluyendo la actualización de retribuciones, el pago de horas extraordinarias y la regulación de turnos. Citó los años 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025 como momentos en los que, según él, los compromisos del gobierno no se habían materializado. Azmani denunció que en la cabalgata de Reyes se había producido un dispositivo reducido de policía local, con solo cinco o seis agentes presentes, cuando normalmente se movilizan cerca de treinta.
Asimismo, Azmani criticó la gestión de la municipalización de algunos servicios, señalando la Gota de Leche y la Purísima como ejemplos de decisiones adoptadas sin informes de viabilidad suficientes y sin planificación presupuestaria clara. Aseguró que se trataba de decisiones que afectaban directamente a trabajadores que llevaban meses sin recibir su salario, lo que, según su intervención, generaba un clima de conflicto y descontento entre los empleados públicos.
El diputado reclamó explicaciones sobre los criterios que se utilizan para determinar qué servicios se municipalizan y cuáles no, así como la falta de coherencia en la aplicación de políticas sobre personal. Señaló que algunos empleados recibían un trato diferenciado y que existía una percepción de desigualdad en la atención a los distintos colectivos.
La consejera respondió señalando que las afirmaciones de Azmani sobre la conflictividad permanente no se ajustan a la realidad. Explicó que los procesos de negociación con sindicatos y mejoras de condiciones laborales forman parte de la gestión normal de cualquier administración.
Fernández de Castro indicó que los cambios en la relación de puestos de trabajo (RPT) y la municipalización de servicios se han realizado siguiendo procedimientos establecidos y con informes técnicos, jurídicos y económicos que justifican las decisiones adoptadas. Señaló que todos los procesos se llevan a cabo de manera coordinada con las partes sindicales y con seguimiento en comisiones de valoración, y que se ha dado cumplimiento a sentencias judiciales que afectan a la Policía Local y otros colectivos de empleados públicos.
La consejera de Administración Pública y Presidencia aseguró que la planificación y ejecución de servicios incluye la modernización y reorganización de estructuras que llevaban años pendientes. Destacó que, aunque algunos cambios puedan generar debate o discrepancia, forman parte de la administración normal y se ajustan a la legalidad vigente.
Fernández de Castro explicó que se están desarrollando comisiones de valoración de puestos de trabajo, que se reúnen semanalmente con participación sindical y técnica, con el objetivo de revisar y actualizar la RPT de forma continua. Esto incluye la aplicación de acuerdos anteriores y la resolución de situaciones pendientes de años anteriores, asegurando la equidad y la coherencia en la gestión de los empleados públicos.
La consejera destacó que la administración aplica criterios uniformes para todos los empleados públicos y que las mejoras retributivas y la gestión de turnos se abordan de manera global, evitando tratamientos diferenciados entre colectivos. Señaló que la Policía Local y otros servicios esenciales han recibido seguimiento específico para cumplir con acuerdos judiciales y mejorar la planificación de servicios.
Sobre la municipalización de servicios como la Gota de Leche, Fernández de Castro indicó que cualquier decisión se realiza con base en informes de viabilidad y planificación presupuestaria. Subrayó que no se adopta ninguna medida sin respaldo técnico ni legal y que se trabaja con las comisiones y sindicatos para garantizar que los cambios se implementen de forma transparente y sostenible.
La consejera afirmó que las acusaciones de improvisación o ausencia de planificación son falsas y que todos los cambios se documentan en expedientes, con informes económicos, técnicos y jurídicos correspondientes. Añadió que se han renovado convenios y actualizado la relación de puestos de trabajo como parte de un proceso continuo de mejora y planificación.
Fernández de Castro recordó que todas las decisiones que afectan al personal se consultan con los sindicatos y se discuten en comisiones específicas. Indicó que la administración mantiene un diálogo permanente con los representantes de los empleados públicos para resolver conflictos, coordinar mejoras y garantizar la legalidad en todos los procedimientos.
La consejera enfatizó que la gestión de los servicios esenciales incluye planificación, seguimiento y control, y que la percepción de conflicto puntual no refleja la totalidad del trabajo administrativo ni la normalidad de los procesos de negociación y aplicación de acuerdos.
Al final del pleno, el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, intervino para respaldar la gestión de su equipo y subrayar la planificación y el cumplimiento de sentencias judiciales. Imbroda destacó la labor de los empleados públicos y la importancia de mantener la continuidad de los servicios esenciales.
El presidente señaló que los conflictos denunciados por la oposición no reflejan la realidad y que la administración actúa siempre con informes pertinentes y planificación detallada. En relación con la municipalización de servicios y la atención a colectivos como la Gota de Leche y la Purísima, Imbroda afirmó que todas las decisiones cuentan con respaldo técnico y legal, y que se gestionan de forma coordinada con los sindicatos y comisiones de seguimiento.
Imbroda criticó el uso político de los conflictos, asegurando que “lo que nos importa es la gestión pura, honesta y evidentemente correcta. Y lo justo se cumple. Siempre lo hemos hecho”. Recalcó que la Policía Local y otros servicios esenciales reciben seguimiento específico, que se cumple con los acuerdos judiciales y que la planificación de turnos y pagos se lleva a cabo dentro de la legalidad.
El presidente concluyó afirmando que la administración prioriza la equidad, la transparencia y la sostenibilidad de los servicios públicos, y que cualquier conflicto puntual se gestiona dentro de los procedimientos establecidos, asegurando la continuidad y correcta prestación de todos los servicios esenciales de la ciudad.
Imbroda es un ejemplo de fracaso integral, dejando a la ciudad sumida en la desilusión y la vergüenza ante el resto del país. La demanda de un cambio es ya un clamor popular. No hay más que salir a la calle. Imbroda lo único que avala es una gestión opaca, dañado gravemente la imagen de Melilla y minando la confianza de la ciudadanía. Al que le "sobra la gente" le da igual el deterioro palpable de los servicios públicos, porque a día de hoy está más preocupado en el quién o en el qué le hace sombra y le dice la verdad a la cara. Años de polémicas, divisiones internas y una incapacidad flagrante para generar consenso o proyectos de futuro son motivos más que suficientes para hacer una parada técnica sin olvidar el paraguas y el chubasquero. Sr. Imbroda, cierre al salir.
Imbroda avala con el dinero de los demás!! Por supuesto q avala, como hizo con los 9 millonacos q se embolsó el PP de la estación marítima. Imbroda avala pa seguir con el coloco de familiares allegados cachorros y simpatizantes, Imbroda y sus palmeros, más allá de Prostituir oposiciones tambien avalan con el dinero de los demás seguir sumando inútiles al erario municipal.