Imbroda acudirá a la Conferencia de Presidentes y el Gobierno central acepta los temas propuestos por el PP

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha confirmado su asistencia a la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes 6 de junio en Barcelona, después de que el Gobierno central haya decidido incluir en el orden del día todos los temas planteados por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), entre ellas Melilla.

La decisión fue comunicada por la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. “Se van a incluir todos los temas hasta la última coma, en su absoluta literalidad”, aseguró Alegría, quien remarcó que el Gobierno “cree en la institucionalidad de la Conferencia de Presidentes” y se compromete a cumplir con su reglamento.

Este anuncio llega tras días de incertidumbre, en los que varias comunidades del PP, incluida Melilla, barajaron no acudir a la cita si el Gobierno no accedía a debatir sus propuestas. Entre ellas, destacan asuntos de gran trascendencia política y económica como la reforma de la financiación autonómica, la retirada del proyecto de ley sobre condonación de deuda, el acceso a la vivienda, y la política migratoria, un tema especialmente sensible para las ciudades autónomas.

En total, se han aceptado los ocho puntos que los trece presidentes autonómicos del PP —entre los que figuran los de Ceuta y Melilla— remitieron por carta al Ejecutivo. Estos incluyen también la lucha contra la ocupación e inquiokupación, un nuevo plan energético, la mejora de infraestructuras críticas, la financiación del primer ciclo de educación infantil, y la retirada de las reformas del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal.

Además, se mantendrán en el orden del día los temas planteados inicialmente por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que incluyen aportaciones de otras comunidades no gobernadas por el PP.

Juan José Imbroda había sido especialmente crítico con la convocatoria inicial, tal como recogió El Faro de  en días pasados, al considerar que no se atendían las preocupaciones reales de las comunidades populares. “Nos convocan a una reunión donde no quieren que hablemos de lo que nos preocupa. Así no tiene sentido asistir”, llegó a señalar el presidente melillense.

Con la rectificación del Gobierno, Imbroda ha valorado positivamente que se haya “recuperado el sentido institucional del encuentro” y ha subrayado que “Melilla tiene mucho que decir” en asuntos clave como la financiación de los servicios públicos, el control fronterizo y el refuerzo de las infraestructuras. Para el líder melillense, es fundamental que se escuche la voz de las autonomías en la toma de decisiones del Estado.

En paralelo, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, criticó la postura del PP respecto al debate universitario. Según Morant, comunidades como Madrid y la Comunidad Valenciana están extendiendo un modelo de infrafinanciación universitaria. “Las matrículas en la universidad pública solo han subido un 2 %, frente al 117 % de la privada en la última década. Eso demuestra que no hay plazas suficientes y que los estudiantes se ven obligados a ir a la privada”, señaló.

El clima político que rodea a la Conferencia está marcado por las diferencias entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos del PP, que han expresado reiteradamente su malestar por lo que consideran una falta de diálogo real y un uso partidista de los foros institucionales. La inclusión de sus temas supone un gesto de distensión que permite recuperar un mínimo de consenso para la celebración del encuentro.

La Conferencia de Presidentes es el máximo órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas y no se reunía de forma presencial desde hace más de un año. El encuentro de este viernes se espera clave para definir nuevas líneas de colaboración interterritorial en un contexto de elevada tensión política y desafíos comunes como la financiación, la migración y el deterioro de los servicios públicos.