La Consejería de Medio Ambiente ya dispone de la resolución emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que autoriza la ejecución de los trabajos de limpieza y mantenimiento en el Río de Oro. Así lo ha anunciado el consejero del área, quien ha explicado que el organismo competente ha dado luz verde a la actuación, aunque condicionándola al cumplimiento de un amplio conjunto de requisitos técnicos y administrativos.
Según ha detallado, la resolución incorpora cinco condiciones particulares, diez condiciones específicas y dieciocho condiciones generales, lo que suma un total de 33 condiciones que deberán respetarse de forma estricta durante toda la intervención. Estas prescripciones regulan la forma en la que podrán desarrollarse los trabajos autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
La autorización permitirá actuar sobre un tramo de 782 metros del cauce del Río de Oro. En concreto, las labores de conservación y mantenimiento se desarrollarán entre los puentes de Camellos y la Avenida Ciudad de Barcelona, un espacio para el que la Ciudad Autónoma había solicitado el correspondiente permiso al tratarse de una zona perteneciente al Dominio Público Hidráulico.
El consejero ha explicado que los trabajos autorizados consistirán en la limpieza de sedimentos y en la retirada de especies invasoras, así como de vegetación seca y restos vegetales que puedan incrementar el riesgo de incendios o dificultar la capacidad hidráulica del cauce. Estas son las actuaciones expresamente recogidas en la resolución emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En cuanto a los plazos, la autorización establece que la Ciudad Autónoma dispondrá de un máximo de doce meses desde la recepción de la resolución para ejecutar los trabajos. No obstante, el responsable de Medio Ambiente ha asegurado que la intención del Gobierno local es iniciar las actuaciones "a la mayor brevedad posible", sin agotar el periodo máximo concedido por el organismo de cuenca.
Asimismo, ha recordado que la resolución impone a la Ciudad la obligación de comunicar formalmente tanto el inicio como la finalización de las actuaciones. De este modo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tendrá constancia del desarrollo de los trabajos autorizados y podrá realizar el seguimiento correspondiente.
Durante su comparecencia, el consejero ha insistido en que la resolución deja perfectamente delimitadas las competencias de cada administración en este procedimiento. En este sentido, ha señalado que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorizar cualquier actuación que afecte al Dominio Público Hidráulico, mientras que la Ciudad Autónoma actúa como administración promotora y ejecutora de los trabajos de conservación y mantenimiento.
El responsable de Medio Ambiente también ha hecho especial hincapié en las limitaciones incluidas en la autorización. Ha explicado que la intervención deberá ajustarse de manera estricta a las 33 condiciones fijadas por la Confederación y que no será posible realizar actuaciones que excedan el contenido expresamente autorizado.
Entre esas limitaciones figura la prohibición expresa de efectuar talas o podas sobre árboles y vegetación de ribera. La resolución únicamente permite la eliminación de aquellas especies invasoras contempladas en la propia autorización, por lo que el resto de la vegetación deberá permanecer intacta durante la ejecución de los trabajos.
Además, el documento impide modificar el trazado, el perfil o la anchura natural del cauce del Río de Oro. Según ha explicado el consejero, las labores deberán limitarse a las actuaciones autorizadas sin alterar las características naturales del cauce.
La resolución también contempla que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir podrá desarrollar labores de inspección y vigilancia mientras se ejecutan los trabajos. Igualmente, el organismo podrá comprobar con posterioridad si las actuaciones se han realizado conforme a las condiciones establecidas en la autorización concedida.
Tras explicar el contenido de la resolución, el consejero ha planteado una reflexión sobre las limitaciones impuestas por la Confederación Hidrográfica. En este sentido, se ha preguntado quién certifica que la vegetación que no puede ser retirada por estar protegida por las condiciones de la autorización no representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos ni para la propia conservación del Río de Oro.
A juicio del responsable de Medio Ambiente, esta cuestión adquiere especial relevancia una vez delimitadas las actuaciones permitidas, ya que la resolución restringe la eliminación de vegetación a los supuestos expresamente contemplados y prohíbe intervenir sobre la vegetación de ribera fuera de esos casos.
Por ello, el consejero ha anunciado que, una vez concluyan los trabajos de limpieza y la poda autorizada, la Ciudad Autónoma volverá a solicitar un informe técnico sobre el estado del cauce. El objetivo será conocer si, tras ejecutar todas las actuaciones permitidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, persisten posibles riesgos para la seguridad de los melillenses o para la conservación del propio Río de Oro.
De esta manera, la Consejería de Medio Ambiente iniciará una actuación que cuenta ya con la autorización del organismo competente, aunque su ejecución estará condicionada en todo momento al estricto cumplimiento de las 33 condiciones fijadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tanto en lo relativo a las labores que pueden realizarse como a las limitaciones que deberán respetarse durante toda la intervención.
