Ayer la Junta Local de Seguridad nos sorprendió con una reunión expresa para tratar de poner solución a la problemática de la presencia de menores extranjeros no acompañados (menas) en las calles de Melilla y especialmente en las instalaciones portuarias porque éstos no quieren estar en el centro de acogida de La Purísima.
Del resultado de la reunión, nuevamente, la Delegación del Gobierno informó a través de una nota de prensa en la que se especificaba que es un grupo de 70 de estos menores acogidos el que habitualmente están presentes en el puerto comercial a la espera de colarse como polizones en los buques que unen Melilla con la península. En el mismo comunicado precisa que si bien se han acordado medidas, éstas, “por razones de seguridad” no se darán a conocer antes de “su puesta en marcha”.
El secretismo de estas medidas acordadas por la Junta Local de Seguridad es tan incomprensible como el tratamiento que, al menos, en la nota de prensa, se da a la problemática de tener a menores tutelados por la Ciudad Autónoma en la calle sin control.
Tilda la Delegación que este problema es un “conflicto creado” por un grupo de menas que se muestra “reacio” a quedarse en el Centro de La Purísima. La Junta Local se reúne expresamente para estudiar medidas para “controlar y evitar el clima de inseguridad” provocado por ese grupo.
Es contrario al sentido común y a la lógica que un grupo de menores cuya tutela la ostenta la Administración Pública genere un conflicto como el que considera la Delegación del Gobierno. Más bien cabría pensar que el conflicto lo tiene el ente tutelador que permite que esta circunstancia se prolongue en el tiempo generando ese “conflicto”.
Cabría pues esperar que en esa Junta Local, en la que estuvo presente el nuevo consejero de Bienestar Social, se hayan puesto encima de la mesa las causas por las que esos menores no quieren estar en el centro de acogida para poner una solución en la raíz del problema. Mucho se dice de actuar en los países de origen con políticas de cooperación al desarrollo para atajar de raíz el fenómeno de la presión migratoria, cuando ‘en casa’ no se aborda de la misma manera en lo tocante a los mena.
El comunicado prosigue diciendo que ahora que la nueva Ley del Menor está en vigor, se abren más posibilidades para la Ciudad Autónoma para actuar en esta materia con herramientas y vías de actuación que, no obstante, ya poseía antes de la reforma.
Insiste la Delegación del Gobierno en que, parece ser, que el problema con este grupo de 40 menas es que no pueden controlarlo.
Solamente al final del escueto y fructífero comunicado la Delegación del Gobierno reconoce que el hecho de que estos menores tutelados por la Administración Pública estén en la calle y en el puerto puede suponer “graves riesgos” para ellos mismos. Sólo hasta entonces la seguridad de los menas importa.
Es preocupante la ‘alegría’ (esperemos que aparente) con la que la Delegación culpabiliza de alguna manera a estos menas de la “conflictividad social y clima de inseguridad que se ha generado entre la sociedad melillense”, cuando es precisamente este órgano gubernamental quien insiste en que la inseguridad es una percepción subjetiva.
No hay ánimo de obviar que algunos menas son supuestos protagonistas de sucesos que acontecen en Melilla y que tienen su reflejo en los medios de comunicación. Ahí, los tribunales están actuando como es su deber y de estos actos de los menores responde la Administración Pública como ente tutelador.
Llama la atención que la Ciudad Autónoma sí responda como un padre con un hijo de las faltas de éste, cuando previamente ha descuidado el cuidado (valga la redundancia) sobre el menor que tiene acogido. ¿Quién tiene más culpa entonces?
