Un informe policial afirma que la joven asesinada en la Alcazaba había vuelto a ver y convivir con su marido este verano. Sospechaban que Outmane quería beneficiarse de su estatus de víctima de violencia de género porque preguntaba por su permiso de residencia y la “paga” de mujer maltratada.
La joven de 19 años Hannan Outmane, que falleció apuñalada el pasado martes en la Alcazaba junto con Mohamed Ohadik, había sido expulsada de la casa de acogida de víctimas de violencia de género en una ocasión este verano. Un informe policial, fechado el pasado mes de agosto, afirma que la joven había sido sorprendida por una empleada de la vivienda de acogida “hablando y quedando” con su marido. Un policía de la UPAP (Unidad de Prevención, Asistencia y Protección) medió para que la mujer y su hija de algo más de un año de edad fueran readmitidas.
En el informe al que ha tenido acceso El Faro, refleja que hasta tres agentes policiales comprobaron en julio que “todos los fines de semana” Outmane acudía al domicilio de su ex marido. Además, los vecinos corroboraron a los policías que efectivamente habían visto a la joven en esa vivienda desde “hace varios meses”.
“Un malentendido”
Tras ser expulsada de la casa de acogida, los responsables recriminaron a Outmane su comportamiento, según recoge el informe. Sin embargo, un policía de la UPAP medió para que la mujer y su hija fueran readmitidas, después de que ésta jurara insistentemente que todo había sido “un malentendido”. Aseguró que no había contactado con su marido, sino con “otro chico”. Las conversaciones con este último serían, según su versión, las que la trabajadora de la casa de acogida escuchó, originándose así el “malentendido”.
La residencia y la “paga”
Sin embargo, en el mismo informe policial realizado el pasado mes de agosto también se recogen las sospechas de los policías ante el comportamiento de Outmane.
Indica que “de forma reiterada” la joven preguntaba por su permiso de residencia y la “paga” por ser mujer maltratada. Además, recoge que la joven se “burlaba” y mantenía una actitud “ruin y mezquina” ante todos los recursos puestos a su disposición, es decir, “de los mandatos de la Autoridad Judicial, de los servicios de Asistencia Social y de Seguridad”.
Por otra parte, el documento recoge que la joven daba una imagen de “impunidad” para conseguir la residencia en España, las ayudas sociales, como la Renta Activa de Inserción (RAI), y tener preferencia en la selección de trabajadores en los Planes de Empleo, entre otros.
Las denuncias “interesadas”
Todo ello, llevó a la Policía a creer que Outmane tenía interés en mantener su estatus de víctima de violencia de género para beneficiarse de las ayudas para estas mujeres, mientras continuaba la convivencia con el marido y presunto agresor.
En el informe, la Policía recuerda que se comunicó a Outmane que los recursos puestos a su alcance, al igual que se hace con otras mujeres en su situación, tienen por objetivo ayudarles a “salir de la esfera del maltratador” e iniciar así una nueva etapa en su vida.
Por otra parte, la Policía, ante las sospechas de que la joven pudiera tener otros intereses, recalca que este tipo de comportamientos pueden ser un mal ejemplo para otras mujeres movidas por necesidades o problemas “de orden económico y social más que de violencia doméstica”.
Ello produciría “un daño” al propio sistema de protección, además de generar ante la sociedad y la opinión pública dudas acerca de las “denuncias interesadas por violencia doméstica”, recoge el informe policial.
Quebrantamiento de medidas judiciales
El informe policial fue emitido con la intención de denunciar el marido por quebrantamiento de las medidas cautelares que le impuso el Juzgado de lo Penal el pasado mes de enero. El marido tenía una orden de alejamiento de Outmane, a la que no podía acercarse a menos de 200 metros, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio. Ambas prohibiciones tenían una vigencia de dos años.
Desde entonces, la joven ingresó con su hija en una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Por su parte la Policía realizó las funciones de seguimiento para certificar que el marido, condenado por un delito de lesiones en el marco de la Violencia de Género (artículo 153 del Código Penal), cumplía con las medidas cautelares impuestas y “sobre todo para proteger a la mujer víctima y ayudarle a comenzar una nueva etapa en su vida”, refleja el informe policial.
