La juez Alcázar optó finalmente por realizar las detenciones, salvo la del ex consejero de Medio Ambiente.
Los imputados en la conocida ‘Operación Ópera’ que investiga supuestas irregularidades en la contratación de la Ciudad Autónoma, el ex consejero Ramón Gavilán, el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, y el director general del área, José Pastor, solicitaron por escrito la declaración voluntaria ante la juez Mª José Alcázar poco después de conocer que estaban siendo investigados. Las solicitudes de declaración están incluidas en los siete tomos de la investigación sobre los que ya no pesa el secreto de sumario desde el pasado martes, por decisión del actual titular del Juzgado de Instrucción número 4.
Esas declaraciones voluntarias nunca se produjeron, pues días después la juez Alcázar autorizó la detención, por parte de la Guardia Civil, de Pérez Calabuig y Pastor. En el caso de Gavilán, únicamente fue citado a declarar a finales de octubre pasado.
El 12 de septiembre de 2013 saltó a la opinión pública la llamada ‘Operación Ópera’ tras la entrada y registro efectuada por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en diversas dependencias del Palacio de la Asamblea.
Días después, Gavilán, Pérez Calabuig y Pastor, al conocer que estaban siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 comparecieron en rueda de prensa para desmentir lo que hasta el momento se conocía de las pesquisas.
Tráfico de divisas
Días después, el 24 de septiembre Gavilán registró un escrito en el juzgado en el que solicitaba la comparecencia ante la juez para aclarar lo que en su opinión era “incierto”. “Todo lo vertido al respecto (de la investigación) en la prensa es incierto y al objeto de paliar el enorme perjuicio moral que la misma y su repercusión en las redes sociales y la opinión pública en general”, argumentó Gavilán en el documento, pidió a la juez Alcázar que le tomara declaración.
Cabe recordar que en el auto de entrada y registro en la Asamblea el pasado mes de septiembre, a Gavilán se le acusaba de tráfico de divisas, pero tal y como adelantó El Faro en su edición del pasado jueves, en los tomos sobre los que ya no pesa el secreto de sumario no hay datos objetivos que prueben que el ex consejero cometió este supuesto delito.
De hecho, en el escrito que presentó solicitando la declaración voluntaria, Gavilán afirmó que esta acusación era “grave, injusta y falsa”. Al igual que hicieron sus ex compañeros en la Consejería de Medio Ambiente, Pérez Calabuig y Pastor, ofrecieron a la juez toda la documentación para desmontar esas acusaciones.
Sin embargo, la juez Alcázar contestó a los imputados, también por escrito, y les preguntó en calidad de qué querían declarar. El cruce de documentos entre ambas partes no terminó de resolverse, pues el 18 de octubre, la Guardia Civil detuvo a Pérez Calabuig y a Pastor y les tomó declaración en el juzgado de guardia tras más de 14 horas de espera en los calabozos.
En el caso del ex consejero Gavilán, su declaración se produjo días después de las detenciones, pero salió del juzgado con las mismas medidas cautelares que el resto: Prohibición de salir del territorio nacional, entrega de pasaporte y la comparecencia periódica en los juzgados.
Tan sólo cuatro meses después la Audiencia Provincial dejó sin efecto esas medidas impuestas a Ramón Gavilán. Semanas más tarde el tribunal tomó la misma decisión para el resto de los imputados.
