Fernando Portillo: "Si se aceleran los trámites, volveremos a la huelga"

Del 1 al 3 de julio, el colectivo judicial vivió una de las movilizaciones más significativas en la historia democrática reciente de España. Jueces y fiscales protagonizaron tres jornadas de huelga sin precedentes, en una demostración clara de rechazo a los proyectos legislativos que, según denuncian, amenazan la independencia judicial. El seguimiento fue masivo y el mensaje, contundente. A pesar de la pausa en las protestas, el movimiento sigue vivo.

El Faro de Melilla ha conversado con Fernando Germán Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), para conocer de primera mano la valoración tras la huelga y los posibles pasos futuros del colectivo.

"Lo que tenemos es un estado de alerta", explicó Portillo al ser preguntado sobre la posibilidad de nuevas movilizaciones. "Existe un comité de huelga pendiente de cómo avance la tramitación parlamentaria. Si sigue al ritmo actual, plagado de obstáculos por la falta de una mayoría clara, nosotros estaremos observando", afirma con cautela.

No obstante, lanza una advertencia clara: "Si se acelerara la tramitación o si surgieran indicios de que se pueden alcanzar mayorías parlamentarias para aprobar estos proyectos de ley, volveríamos a movilizarnos y a ir a la huelga". Por tanto, aunque no hay fechas señaladas en el calendario, el escenario de nuevas protestas sigue latente y dependerá directamente del curso político en el Congreso de los Diputados.

La huelga, que logró una adhesión significativa por parte del colectivo judicial y fiscal, fue, según Portillo, un éxito desde el punto de vista de su impacto social. "Nunca antes en España jueces y fiscales habían hecho tres días de huelga con un seguimiento tan alto", subraya.  "Hemos conseguido parte de lo que pretendíamos, que era visibilizar el descontento y el peligro que suponen estos proyectos ante la ciudadanía".

El presidente del FJI reconoce que no esperaban cambiar la opinión del Gobierno en tres días, pero sí generar una corriente crítica en la sociedad. "No somos tan ilusos como para pensar que por tres días de huelga el Gobierno iba a dar marcha atrás, pero creemos que hemos contribuido a generar un estado de opinión contrario a la aprobación de esos proyectos, lo que puede influir en el ánimo de los grupos parlamentarios", explica.

Uno de los aspectos que más indignación genera en el colectivo judicial es la actitud de algunos responsables políticos, que en las últimas semanas han cuestionado abiertamente decisiones judiciales.

Portillo no duda en calificar estas declaraciones como "lamentables" y "muy negativas".

"Las resoluciones judiciales deben estar abiertas a la crítica, como no puede de otra manera en un Estado de Derecho", afirma. Sin embargo, matiza que "esa crítica debe hacerse con fundamento, con conocimiento de daño y, sobre todo, con respeto".

El problema, denuncia, es que "se está atacando directamente a los jueces, no a sus resoluciones, y se pretende deslegitimar al Poder Judicial en su conjunto, lo que es sumamente grave".

Portillo recuerda declaraciones recientes en las que se acusa al Poder Judicial de protagonizar “un golpe de Estado blando”, y alerta del peligro que eso supone: “Cuando estas afirmaciones provienen de responsables públicos, lo que hacen es minar la confianza de los ciudadanos en su justicia. Y eso sí que nos pone en la antesala de los totalitarismos”.

A pesar de que no se han anunciado nuevas huelgas a corto plazo, las asociaciones judiciales no están de brazos cruzados. Portillo señala que actualmente representantes de jueces y fiscales se encuentran en Estrasburgo, reuniéndose con miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.

“El objetivo es trasladarles de primera mano el riesgo que suponen estos proyectos para la separación de poderes y la independencia judicial”, explica. Aunque en Bruselas ya hay conciencia sobre la situación, Portillo insiste en que es vital mantener el contacto directo con las instituciones europeas, dada la dimensión democrática del conflicto.

“Que no haya ahora mismo movilizaciones no significa que estemos parados”, concluye. Las asociaciones judiciales permanecen vigilantes, en diálogo con Europa y preparadas para actuar si el proceso parlamentario amenaza de nuevo el equilibrio entre los poderes del Estado.

En definitiva, la huelga de jueces de julio ha marcado un antes y un después. El mensaje ha sido claro: la justicia no está dispuesta a quedarse callada ante reformas que puedan comprometer su independencia. La tensión sigue, y el futuro inmediato dependerá, en gran medida, del pulso político que se juegue en el Congreso.