Piden que se estudie el riesgo de tortura de los inmigrantes al volver a los países de origen
El órgano de las Naciones Unidas para la prevención de la tortura instó ayer a España a fortalecer la entidad que vigila los lugares de detención y a modificar la práctica de las devoluciones en caliente de inmigrantes en Melilla y Ceuta. Esta petición la realizó el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU al término de su primera visita a España, según informó este mismo órgano en un comunicado.
En este sentido, reclamaron que no se realicen las devoluciones sumarias, conocidas como devoluciones ‘en caliente’, “sin una evaluación previa e individualizada sobre el posible riesgo de tortura al retornar a su país de origen".
“Esto facilitará el procedimiento de asilo y de protección internacional”, manifestó en un comunicado Felipe Villavicencio, quien encabezó la delegación en su visita a España, que se llevó a cabo del 15 al 28 de octubre.
Falta de independencia
El subcomité se reunió con representantes del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP) y su consejo asesor, además de visitar 30 lugares de privación de la libertad en las ciudades de Madrid, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Málaga, Algeciras, Cádiz, Jerez y Melilla.
“Aunque reconocemos el trabajo del MNP, estamos preocupados por su poca visibilidad y por la falta de independencia funcional y financiera del MNP respecto de la Defensoría del Pueblo”, manifestó Villavicencio en la nota.
"Nos preocupa también el reducido número de funcionarios permanentes y la necesidad de incorporar a otros especialistas para fortalecer su composición interdisciplinaria, entre otras observaciones", añadió.
Informe confidencial
El viaje se produjo en el marco de las visitas que regularmente realiza este órgano de la ONU a los países que han ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), algo que España hizo en abril de 2006.
Tras la visita, el subcomité presentará un informe confidencial al Gobierno de España, incluyendo sus observaciones y recomendaciones en relación a la prevención de la tortura y los malos tratos de personas privadas de la libertad.
Este órgano de la ONU animó a España a que, al igual que otros Estados, haga público el informe, ya que su difusión favorecerá un diálogo nacional transparente para la implementación de sus recomendaciones.
