Después de que la patronal de las aerolíneas haya amenazado con recortar el número de conexiones con los territorios extrapeninsulares si el Gobierno de España sigue sin abonarles a las empresas los 300 millones de euros que se les adeudan, cabe preguntarse si en estos momentos están o no en riesgo las comunicaciones aéreas de Melilla. Siendo optimistas habrá que pensar que no, que en ningún caso se van a anular rutas o suprimir horarios porque el impago se vaya acumulando desde hace meses mientras el Ejecutivo, que debe garantizar estos desplazamientos, mira hacia otro lado.
Según se ha venido publicando en los últimos tiempos, las compañías aéreas son las que sufragan inicialmente el coste del 75% de la venta de los billetes a los residentes. Posteriormente, el Gobierno se encarga de hacer las liquidaciones y pagar el dinero que esas aerolíneas han adelantado. Sin embargo, por motivos que no han sido suficientemente explicados por parte del Ejecutivo del PSOE, hay un agujero y un débito que no se ha cubierto y que las empresas cifran en 300 millones.
Ya sucedió hace unos meses que la citada patronal puso sobre la mesa el conflicto y advirtió de los recortes. Solo a través de esa amenaza reaccionó el Gobierno, si bien se quedó corto, lo que ha derivado en una nueva deuda enorme que estas compañías no están dispuestas a seguir soportando por mucho más tiempo, ya que está afectando negativamente a sus cuentas de resultados.
A la vista de aquel primer aviso, el grupo popular en el Senado aprobó que se hiciera un crédito de 1.200 millones de euros para cubrir lo que se debía y todo el presupuesto que se iría generando hasta final de año con la aplicación de ese 75% de los billetes para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La medida fue aprobada en la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta. Sin embargo, al llegar al Congreso para su ratificación definitiva y puesta en vigor, la iniciativa quedó en el cajón de la presidenta, la socialista Francina Armengol, y ahí sigue a día de hoy.
De hecho, se trata de una de las muchas propuestas y leyes que Armengol tiene paralizadas. Tan es así que el propio presidente nacional del PP, Núñez Feijóo, anunció hace unas semanas su intención de plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional para que se dé trámite a todas las acciones aprobadas en el Senado y que el PSOE tiene guardadas en el Congreso.
