Cada 17 de mayo, el Día Internacional contra la LGTBIfobia vuelve a convertirse en una fecha de reivindicación, memoria y análisis sobre la situación de las personas LGTBI+ en el mundo. La jornada recuerda la decisión adoptada por la Organización Mundial de la Salud en 1990 de eliminar la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, un paso histórico que marcó el inicio de una transformación social y jurídica que, más de tres décadas después, sigue desarrollándose de manera desigual en distintos países.
La conmemoración de este 2026 llega, además, en un contexto internacional marcado por una creciente preocupación institucional ante el aumento de los discursos de odio y los intentos de retroceso en derechos ya consolidados. Bajo el lema “En el corazón de la democracia”, Naciones Unidas ha querido vincular este año la defensa de los derechos LGTBI+ con la propia calidad democrática de las sociedades contemporáneas.
En su mensaje oficial difundido este 17 de mayo, el secretario general de la ONU, António Guterres, defendió que “ser quien somos nunca debería ser delito” y alertó de que las personas LGTBIQ+ vuelven a situarse entre los colectivos más expuestos cuando se deterioran los derechos y libertades fundamentales. El máximo responsable de Naciones Unidas denunció restricciones a la libertad de expresión y reunión pacífica, el crecimiento de los discursos de odio y los ataques contra activistas y defensores de derechos humanos en diferentes partes del mundo.
La ONU advirtió además de un dato especialmente significativo: el número de países que penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo ha aumentado por primera vez en años, una señal que los organismos internacionales interpretan como parte de un clima global de polarización y cuestionamiento de derechos fundamentales.
Ese mismo diagnóstico aparece reflejado también en España. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de mayo una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia en la que el Gobierno reivindica el papel del país como referente internacional en derechos LGTBI+, pero reconoce igualmente el incremento de la violencia y de los discursos de odio contra el colectivo.
El Ejecutivo recuerda en el texto algunos de los principales avances legislativos desarrollados durante las últimas décadas, entre ellos la legalización del matrimonio igualitario en 2005, la Ley de Identidad de Género de 2007 o la aprobación en 2023 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. También destaca la creación del Servicio 028 Arcoíris de información y atención integral frente a la LGTBIfobia y la puesta en marcha de nuevas estrategias estatales centradas en combatir la discriminación y mejorar la protección institucional.
Precisamente, una de las principales herramientas de análisis impulsadas este año es la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI 2025-2028, elaborada por el Ministerio de Igualdad. El documento define la LGTBIfobia como cualquier actitud, conducta o discurso de rechazo, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas LGTBI+ por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, aclara que el símbolo “+” incorporado en las siglas engloba otras identidades, orientaciones y expresiones que no aparecen reflejadas de manera explícita en el término LGTBI.
La estrategia reconoce que España ha experimentado avances sociales y normativos “muy significativos” durante las últimas décadas, pero admite también que persisten desigualdades estructurales y situaciones de discriminación en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda, el deporte o el acceso a determinados servicios. El documento alerta además de que internet y las redes sociales se han convertido en algunos de los principales espacios de difusión de mensajes de odio y desinformación contra el colectivo.
Buena parte de esa realidad aparece reflejada en el informe Estado del Odio 2026, elaborado por FELGTBI+ junto al Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC a partir de una encuesta realizada por 40dB entre enero y febrero de este año. El estudio ofrece una de las radiografías más completas publicadas hasta ahora sobre la percepción de discriminación y violencia entre las personas LGTBI+ en España.
Según sus estimaciones, entre el 11% y el 12% de la población adulta española se identifica como LGTBI+, lo que equivaldría a entre 4,7 y 5,1 millones de personas mayores de edad. Para realizar este cálculo, el informe toma como referencia diferentes estudios demográficos y datos del CIS correspondientes a 2025.
El análisis refleja además un cambio generacional cada vez más visible. Las generaciones más jóvenes se identifican como LGB+ en porcentajes considerablemente superiores a los de mayor edad, mientras que las personas bisexuales aparecen actualmente como el grupo más numeroso dentro del colectivo. Los autores del informe señalan que este fenómeno puede estar relacionado tanto con una mayor aceptación social como con una mayor disposición de las generaciones jóvenes a expresar públicamente su orientación sexual o identidad de género.
Sin embargo, los datos más preocupantes continúan estando relacionados con la violencia y la discriminación cotidiana. El informe Estado del Odio 2026 señala que el 54% de las personas LGTBI+ afirma haber sufrido algún tipo de violencia o situación de odio, ya sea en espacios físicos o digitales. Dentro de esa cifra, el 36% asegura haber vivido situaciones de acoso; el 29%, discriminación; y el 22%, agresiones.
Las experiencias descritas por las personas encuestadas abarcan desde insultos y trato degradante hasta aislamiento social, exclusión o violencia física. Un 17% asegura haber recibido insultos o comentarios humillantes relacionados con su orientación sexual o identidad de género, mientras que un 13% afirma haber sufrido rechazo o aislamiento. Además, el estudio recoge que un 10% ha sido víctima de agresiones físicas y un 9% de agresiones sexuales.
La violencia no se concentra únicamente en espacios públicos. Aunque la calle continúa siendo el principal escenario señalado por las víctimas, el informe identifica también situaciones de discriminación y hostilidad en entornos laborales, educativos, familiares y de ocio. El trabajo aparece como uno de los ámbitos donde todavía persiste una fuerte invisibilización: muchas personas continúan ocultando total o parcialmente su orientación sexual o identidad de género por miedo al rechazo o a consecuencias profesionales.
Los organismos europeos y españoles coinciden además en señalar el crecimiento de la violencia digital como uno de los principales desafíos actuales. Según los datos citados por el Gobierno a partir de informes de ILGA-Europe, el discurso de odio online anti-LGTBI creció un 130% en España entre 2019 y 2022, afectando especialmente a las personas trans.
La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), cuyos datos aparecen recogidos tanto en la estrategia estatal como en la declaración institucional del Ejecutivo, señala que dos de cada tres personas LGTBI+ consideran que los prejuicios y la intolerancia han aumentado en los últimos años, mientras que tres de cada cuatro perciben un incremento de la violencia contra el colectivo.
Las cifras oficiales sobre delitos de odio reflejan igualmente esa tendencia. Según el Ministerio del Interior, los delitos motivados por orientación sexual e identidad de género representan actualmente el 27,57% del total de delitos de odio registrados en España, convirtiéndose en la segunda causa más frecuente tras los delitos por racismo o xenofobia.
Aun así, instituciones y organizaciones advierten de que la dimensión real del problema podría ser considerablemente mayor debido a la infradenuncia. La FRA estima que solo el 14% de las personas LGTBI+ que sufrieron agresiones físicas o sexuales denunciaron los hechos ante las autoridades. El organismo europeo calcula además que el 12% de las personas LGTBI+ en España ha sufrido agresiones físicas o sexuales durante los últimos cinco años, porcentaje que se eleva al 27% entre mujeres trans y al 32% entre personas intersexuales.
Ante esta situación, la Estrategia Estatal 2025-2028 plantea reforzar las políticas de prevención, mejorar la atención a víctimas y coordinar de forma más eficaz la respuesta institucional frente a la violencia LGTBIfóbica. El documento insiste en que el objetivo no pasa únicamente por consolidar derechos legales, sino también por garantizar que las personas LGTBI+ puedan desarrollar su vida cotidiana “con libertad, igualdad, seguridad y dignidad”.
El diagnóstico de 2026 deja así una radiografía: España ha consolidado un marco legal avanzado, pero la igualdad formal no elimina por sí sola la violencia cotidiana. Por eso, tanto Naciones Unidas como el Gobierno español vinculan este 17 de mayo con la calidad democrática, pues una sociedad solo puede considerarse plenamente democrática si todas las personas pueden vivir sin miedo, con dignidad y sin ser discriminadas.
