Sostiene que no se ha probado que vaya a ser sometido a torturas o trato degradante para el caso de ser extraditado al reino alauita. La representación permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas aborda dos frentes en sus alegaciones al dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que acordó solicitar al Gobierno español que paralizase la extradición a Marruecos de Ali Aarras.
Por un parte, y bajo la base de que Aarras es únicamente un ciudadano marroquí –no hace mención a su nacionalidad belga-, la representación española en la ONU dice que existen motivos jurídicos formales que obligan al mismo Comité a no inmiscuirse en el caso de Alí Aarras. En tal sentido, alude a que la defensa del melillense recurrió también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desatendiendo el principio que prohíbe un doble recurso ante instancias internacionales diferentes. Asimismo alega que tampoco agotó todos los recursos posibles en el ordenamiento interno español, puesto que el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se autorizó la extradición de Aarras era susceptible de recurso ante el Supremo y posteriormente de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
De otro lado, y entrando ya en el fondo, la misma representación del Gobierno español ante la ONU alega que no hay razón para anular la extradición alegando peligro de tortura o trato y penas degradantes por parte de Marruecos, porque el recurrente, Alí Aarras, no ha podido demostrar que pudiera ser objeto de torturas, de manera “previsible, real y personal”, y porque tampoco está demostrado que Marruecos sea un país donde se produzcan “violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos”.
Además, alega el Gobierno español en defensa del acuerdo de extradición de Aarras, que su entrega a Marruecos exige que la posible pena a imponerle “sea la prevista para los mismos hechos en la legislación española” y que esta exigencia “no es una mera garantía diplomática sino una previsión expresa del convenio bilateral de extradición” entre España y Marruecos.
La defensa de Aarras tiene dos meses para contestar, pero al respecto el abogado melillense Nayim Mohamed ya adelantó respecto de la cuestión jurídica que el recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros no hubiera paralizado una extradición que se sabía inminente y que además una vez consumada hubiera resultado irreversible.
