Empresario detenido por explotar a dos trabajadores marroquíes en situación irregular

Un empresario melillense del sector de la panadería ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores. La intervención tuvo lugar en un obrador de la ciudad y se desarrolló en el marco del convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, enfocado en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Durante la inspección conjunta, llevada a cabo por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, se identificó a dos ciudadanos de nacionalidad marroquí que realizaban labores propias del negocio sin contar con contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social. Además, ambos se encontraban en situación administrativa irregular en España.

La investigación posterior reveló una situación de explotación prolongada en el tiempo. Uno de los trabajadores llevaba siendo víctima durante 16 años y el otro durante 7. Ambos soportaban jornadas laborales de más de once horas al día, desde las 4:00 hasta pasadas las 15:00 horas, sin descansos ni días libres. Esta rutina se mantenía durante todo el año, incluidos fines de semana y festivos, por un salario mensual que oscilaba entre los 400 y los 500 euros.

Uno de los datos más graves de la investigación fue la constatación de que uno de los empleados residía en el propio obrador, en un habitáculo precario e insalubre. La estancia no contaba con baño ni cocina, tampoco con ducha o condiciones mínimas de habitabilidad. Además, el trabajador debía soportar las elevadas temperaturas procedentes del horno industrial y la chimenea del local, lo que agravaba aún más su situación.

Durante todo ese tiempo, el empresario no realizó ningún trámite para intentar regularizar la situación de sus empleados ni tomó medidas para garantizar su seguridad laboral. Tampoco contaban con cobertura médica. Las lesiones que ambos sufrían por el desempeño de su trabajo debían ser tratadas por sus propios medios.

A la vista de los hechos, las dos personas explotadas fueron reconocidas oficialmente como víctimas de trata de seres humanos, activándose de inmediato el protocolo correspondiente para garantizar su protección, asistencia y tratamiento integral. En este proceso participó una ONG asentada en Melilla, especializada en atender casos de trata y explotación.

Como resultado de las pesquisas, el empresario fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia. El juez instructor decretó como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte. Además, se remitió copia del atestado a la Fiscalía Delegada de Trata de Personas y Extranjería, que asumirá las diligencias correspondientes.

Este caso se suma a otras actuaciones desarrolladas en la ciudad este año contra el empleo ilegal y la explotación laboral. Hace unos meses, en una operación similar, la Policía detuvo a diez trabajadores marroquíes en situación irregular, detectados en una redada coordinada en varios establecimientos comerciales de Melilla.

Las autoridades policiales han recordado que la trata de seres humanos y la explotación laboral constituyen delitos graves que atentan contra los derechos fundamentales de las personas, especialmente cuando afectan a colectivos vulnerables como migrantes en situación irregular. En este sentido, han subrayado la importancia de la colaboración ciudadana para denunciar cualquier indicio de abuso o explotación, así como el papel clave de las ONG en la asistencia a las víctimas.

Con esta intervención, la Policía Nacional refuerza su compromiso con la protección de los trabajadores y la erradicación de prácticas laborales ilegales, especialmente en sectores donde persiste la economía sumergida. La coordinación con Inspección de Trabajo y otras instituciones permite detectar y perseguir estas situaciones, protegiendo los derechos de las personas afectadas y llevando ante la justicia a los responsables.