El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado en el que manifiesta su profunda preocupación por la reciente propuesta de regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno. Según el SUP, la medida carece de planificación operativa y deja sin respuesta cuestiones esenciales sobre cómo se garantizará la seguridad, quién asumirá el control policial y con qué medios reales se pretende llevar a cabo un proceso que podría involucrar a más de un millón de personas.
En el comunicado, el sindicato recuerda que, aunque la Policía Nacional no es responsable de diseñar la política migratoria, es la fuerza encargada de asumir las consecuencias de decisiones políticas que no han sido correctamente planificadas. Los agentes destacan que, hasta el momento, no se ha explicado quién verificará la identidad de los beneficiarios, cómo se comprobarán sus antecedentes ni cómo se va a gestionar la carga de trabajo adicional en un cuerpo policial que ya se encuentra saturado y con recursos limitados.
El SUP advierte de que no tener antecedentes penales no significa necesariamente no tener antecedentes policiales o investigaciones pendientes. Hay personas que pueden estar vinculadas a hechos delictivos, bajo investigación o identificadas por la Policía, sin haber sido condenadas. Regularizar a un número tan elevado de personas sin un análisis individualizado, aseguran, constituye una temeridad desde el punto de vista de la seguridad pública.
El sindicato también señala que este tipo de medidas genera un efecto llamada inmediato, al enviar un mensaje claro de que la entrada irregular puede traducirse en beneficios administrativos. “Las consecuencias de estos anuncios no las sufren quienes los promueven políticamente, sino los agentes que deben gestionar la presión en fronteras, costas y calles”, subraya el SUP.
Además, el sindicato denuncia que se está utilizando el discurso de “racismo institucional” para cuestionar y desacreditar la labor de la Policía. Según el SUP, esta acusación es falsa, injusta y profundamente irresponsable, ya que los agentes solo aplican la ley vigente. El sindicato afirma que emplear este tipo de mensajes para cubrir la falta de planificación política es intolerable y perjudica tanto a los profesionales como a la seguridad pública.
Los responsables del SUP advierten que las medidas anunciadas responden a intereses políticos a corto plazo, en lugar de a una estrategia seria de gestión migratoria o a una preocupación real por los derechos de las personas migrantes y por la seguridad de la ciudadanía. Según el sindicato, las consecuencias son previsibles: beneficio para las mafias que trafican con personas y un abandono institucional de los agentes que deben implementar estas políticas sobre el terreno.
El SUP también destaca que la regularización masiva agrava situaciones críticas existentes, como la Operación Paso del Estrecho, y aumenta la presión en los puntos fronterizos. Esto conlleva un incremento del riesgo operativo, la posibilidad de colapso administrativo y un desgaste profesional significativo para los agentes que ya trabajan en condiciones difíciles y con escasez de medios.
En el comunicado, el sindicato insiste en que, sin un aumento de personal, recursos y protocolos claros, la regularización masiva representa un riesgo grave tanto para la seguridad pública como para la integridad de los propios agentes. El SUP considera imprescindible que se proporcionen agentes adicionales, equipamiento y directrices operativas antes de llevar a cabo cualquier medida de esta magnitud.
Asimismo, el sindicato advierte de que la falta de planificación puede tener efectos negativos de largo alcance, no solo para la Policía, sino también para la ciudadanía en general. Los agentes se enfrentan diariamente a situaciones complejas en fronteras, puertos, aeropuertos y centros urbanos, y la sobrecarga generada por una regularización masiva podría desbordar la capacidad operativa y administrativa de la fuerza.
El SUP concluye haciendo un llamado al Gobierno a actuar con responsabilidad y previsión, asegurando que cualquier medida relacionada con la inmigración irregular contemple protocolos claros, recursos humanos y materiales suficientes, y un análisis individualizado de cada caso. “Regularizar sin estas garantías es trasladar todo el riesgo y la responsabilidad a los agentes que ya están al límite de sus capacidades”, subrayan.
En definitiva, el Sindicato Unificado de Policía advierte que la regularización masiva, tal como se ha planteado, constituye una decisión imprudente que pone en peligro la seguridad ciudadana, sobrecarga a los cuerpos policiales y podría generar consecuencias graves tanto para los migrantes como para la sociedad en general. El SUP reclama planificación, recursos y protocolos claros antes de implementar cualquier medida que afecte a la seguridad pública.
