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El presidente de Melilla dice que España está "en una especie de dictadura"

Después de conocerse la intención del PSOE de eliminar la acción popular en los procedimientos judiciales

El presidente melillense, Juan José Imbroda, ha manifestado que España está "en una especie de dictadura", después de que el PSOE haya presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para eliminar la figura de la acción popular en los procedimientos judiciales.

Imbroda llama a esa iniciativa la "ley Begoña" porque, de aprobarse, tendrá carácter retroactivo y beneficiará a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, el hermano del jefe del Ejecutivo centra, David Sánchez, y el propio fiscal general del Estado, imputado por el presunto delito de revelación de secretos. Todas esos procesos quedarían automáticamente archivados con esa nueva norma.

"Esa ley está hecha para Begoña y compañía. Es una amnistía preventiva por si acaso terminaran condenados. Yo creo que, con dos cosas más, ya nos ponen a todos uniformes: unos de gris, otros de amarillo, otros de azul..., estamos ya en una especie de dictadura".

En su opinión, Sánchez y su entorno "se cargan la democracia". "Están manoseando al Poder Judicial de una manera vil, enorme" con una serie de decisiones que tienen como objetivo "que usted no pueda meterse con determinados personajes en función de los intereses políticos, familiares, etc., del presidente del Gobierno".

Para Imbroda, este tipo de actitudes y acciones políticas "no habían ocurrido nunca, nunca". "Cada día estamos más asombrados. Yo espero que algunos todavía tengan algún principio o valores dentro de su esquema mental político", apuntó en referencia al PNV, uno de los principales socios parlamentarios del PSOE.

"A ver si esa gente pueden cargarse esa afrenta a la libertad. Así que espero que lo paren porque, si no, aquí no sabemos cuál va a ser el final. No sabemos qué límites puede poner Pedro Sánchez a su política, no lo sabemos de ninguna manera".

El fin de esa proposición de ley es que ni asociaciones ni partidos, entre otros colectivos, puedan ejercer la acción popular ante los tribunales responsables de instruir causas con vinculaciones políticas.

 

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