El PP exige mejoras para los militares y critica el gasto en armamento pero no en las condiciones

El Grupo Parlamentario Popular ha reiterado en el Senado su preocupación por la falta de mejoras reales en las condiciones de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas. En una comparecencia ante la Comisión de Defensa, el senador por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, lamentó que, un año más, las recomendaciones del Observatorio de la Vida Militar no hayan tenido un reflejo efectivo en la acción política y legislativa del Gobierno.

Otazu destacó la importancia de los informes presentados por el Observatorio, correspondientes a los años 2023 y 2024, como herramienta de diagnóstico y seguimiento de los problemas que afrontan los militares españoles. No obstante, alertó de que no se han producido avances significativos en los asuntos señalados como prioritarios, lo que a su juicio refleja una preocupante inacción por parte de la Administración. El senador valoró que la publicación de estos documentos en la página web del Observatorio permite que no solo las Cortes, sino también la ciudadanía y los propios profesionales militares tengan acceso a la realidad de las Fuerzas Armadas.

“Volvemos a constatar que las actuaciones en el ámbito de los recursos humanos siguen sin despegar. Lo dicen las asociaciones profesionales y lo confirma la realidad de nuestros militares”, afirmó el senador melillense, quien puso como ejemplo las dificultades económicas y de conciliación que persisten sin solución año tras año. A juicio del PP, los problemas de retribución, movilidad, vivienda y apoyo a la reincorporación laboral siguen sin avances concretos, a pesar de ser cuestiones reiteradamente señaladas en los informes y en comparecencias anteriores.

Uno de los aspectos más criticados en su intervención fue el desequilibrio presupuestario entre los programas de defensa material y las partidas destinadas al personal militar. Otazu denunció que el elevado volumen de recursos destinados a armamento inmaterial —con cifras que alcanzan los 7.000 millones en préstamos para 18 programas, más otros 3.000 millones para uno adicional— eclipsa por completo la necesidad urgente de mejorar los sueldos, la formación, la vivienda o las condiciones del servicio.

“El componente humano está siendo sistemáticamente relegado. Estas inversiones millonarias, que se anuncian con frecuencia en los medios, no van acompañadas de una mejora proporcional en las condiciones de quienes prestan servicio”, denunció, señalando además la falta de Presupuestos Generales como un obstáculo añadido para revertir esta situación.

El senador popular subrayó que esta crítica no debe entenderse como un ataque partidista, sino como una llamada de atención en defensa del interés general. “La política de defensa es una política de Estado, y como tal, debería contemplar un desarrollo equilibrado de todos sus elementos. La dignificación de la carrera militar no puede seguir esperando”, remarcó.

Durante su intervención, también abordó problemas estructurales como la ausencia de ayudas económicas para el primer destino de los militares profesionales, a pesar de que ese momento supone su primera experiencia fuera del hogar familiar, con gastos nuevos y elevados. Otazu se preguntó por qué se sigue excluyendo esta etapa del sistema de compensación vigente.

Asimismo, hizo referencia a situaciones especialmente sensibles como las que sufren algunas familias de militares en comunidades autónomas con lenguas cooficiales, donde los hijos deben ocultar la profesión de sus padres por temor a presiones sociales. En otros casos, las familias se ven forzadas a permanecer en sus guarniciones de origen para evitar que el sistema educativo perjudique la continuidad escolar de los menores. Estas situaciones, subrayó, tienen un impacto directo en la cohesión familiar, la estabilidad emocional y el rendimiento académico de los hijos.

En relación con la figura de los reservistas de especial disponibilidad, Otazu planteó la necesidad de revisar este modelo, que considera obsoleto e inadecuado para los retos actuales. Según indicó, la normativa vigente vincula esta figura a un proceso de “desvinculación” del servicio activo, cuando en realidad España necesita fortalecer su capacidad de respuesta ante eventuales escenarios de crisis o movilización. Añadió que muchos países europeos están reformando sus estructuras para contar con reservas más activas y operativas.

“El modelo actual no responde a las necesidades de una reserva efectiva, ni permite aprovechar la experiencia acumulada del personal formado. Solo un 10% del personal en situación de reserva ocupa destinos activos. Es momento de pensar en alternativas que no supongan la pérdida total del vínculo con las Fuerzas Armadas”, defendió.

Especial atención mereció también la situación de los oficiales de complemento, unos 200 efectivos que pasan a la reserva con 45 años sin haber alcanzado la condición de militar de carrera. Otazu propuso que se revise este criterio, como ya se permitía con la normativa anterior a la Ley 8/2006, y señaló que podrían reincorporarse a puestos adecuados, especialmente en un contexto de descenso de efectivos y necesidad de oficiales en rangos intermedios. Recordó que estos perfiles suelen desempeñar tareas de gran responsabilidad y que sus funciones no siempre requieren los mismos niveles de exigencia física que los puestos ocupados por tropa o marinería.

Por último, reclamó una revisión y unificación legislativa de las normas que regulan el régimen profesional del personal militar, cuyas bases datan de 2006 y 2007. “Han pasado casi dos décadas, el escenario internacional ha cambiado y también las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas. La normativa debe adaptarse a esta nueva realidad”, concluyó.

Otazu cerró su intervención recordando que sin un aumento adecuado de efectivos, la conciliación familiar seguirá siendo una promesa vacía, ya que las unidades no podrán aplicar medidas sin afectar a su operatividad. Por ello, pidió “voluntad política real” para hacer de las condiciones de vida de los militares una prioridad de Estado.