El Partido Popular de Melilla ha vuelto a alzar la voz para denunciar la ineficacia del sistema de reparto de menores migrantes no acompañados que impulsa el Gobierno central, advirtiendo de que este modelo, lejos de aliviar la presión sobre las ciudades fronterizas, está generando más problemas de los que pretende resolver. Así lo ha manifestado Randa Mohamed, vicesecretaria de Acción Social del PP en Melilla y consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo local, quien ha subrayado que “ya lo advertimos desde el Partido Popular: este sistema no funciona”.
La crítica llega tras más de un mes sin avances sustanciales desde que se declaró oficialmente la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla el pasado 29 de agosto. Durante este tiempo, no se ha producido ni un solo traslado efectivo de menores a la península, a pesar de que el compromiso del Ministerio de Política Territorial era reubicar a 24 menores procedentes de estas regiones en un plazo de diez días.
“Se han tramitado unos 30 expedientes, pero solo cinco han sido resueltos y ninguno ha culminado en desplazamiento”, explicó Mohamed. En varios casos, las pruebas de determinación de edad realizadas concluyeron que los supuestos menores eran en realidad adultos, y otro expediente correspondía a un menor ya acogido antes de la fecha límite establecida. “Eso no es un fallo documental, es un fallo del sistema”, sentenció.
Desde el PP melillense se insiste en que la principal preocupación debería ser el bienestar del menor, pero acusan al Gobierno central de no estar garantizando ni su protección ni una atención adecuada. “Este proceso está generando una sobrecarga inasumible para los trabajadores de los centros y del área de Políticas Sociales, pero lo más grave es que no se está velando por los intereses del menor, que debería ser lo prioritario para cualquier administración responsable”, dijo.
En la Ciudad Autónoma hay actualmente 169 menores no acompañados, según datos oficiales. “Estamos poniendo todos los recursos materiales, humanos y jurídicos para que, cuando haya traslados, se realicen de manera segura, limpia y adecuada. Pero el sistema no responde con la agilidad ni con la coherencia que requiere la situación”, lamentó la consejera.
El núcleo del malestar del PP melillense radica en el propio Real Decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que consideran impuesto, sin diálogo ni consenso con las comunidades autónomas. “Es un decreto que excluye del reparto a dos de las comunidades más ricas del país, como son Cataluña y el País Vasco, y que está diseñado con criterios electoralistas, no sociales”, denunció Mohamed.
Aunque el Gobierno local se ha comprometido a acatar la norma “por responsabilidad institucional”, subrayan que eso no significa que estén de acuerdo con su contenido. “Somos un Gobierno serio que respeta la ley, pero eso no implica que no podamos denunciar un decreto que es arbitrario y que colapsa los sistemas de protección de los territorios más vulnerables, como Melilla”, insistió.
A la denuncia sobre el mal funcionamiento del sistema se suma el grave déficit financiero que sufre Melilla en materia de protección de menores. Según datos ofrecidos por la consejera, la ciudad ha asumido durante años este servicio con fondos propios, sin recibir financiación proporcional por parte del Estado.
“El Gobierno central nos transfiere apenas 4,5 millones de euros al año para centros que cuestan cerca de 14 millones, y ahora pretende compensarlo con un millón por los traslados, como si eso solucionara los casi 120 millones de euros de déficit acumulado que arrastramos por asumir este servicio”, explicó.
Mohamed cuestionó si esta ayuda puntual puede considerarse una solución estructural. “¿Qué compensa ese millón? ¿Solo los billetes de traslado? ¿Y el mantenimiento de los centros, el personal, la atención médica, psicológica y educativa que requieren estos menores?”, se preguntó de forma crítica.
Desde el Partido Popular de Melilla se exige al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicaciones urgentes sobre cómo piensa cumplir su promesa de reubicar a los menores y qué medidas piensa adoptar para corregir un sistema que, a su juicio, ya ha demostrado su inoperancia.
“El sistema no ha sido consensuado, no tiene en cuenta las capacidades reales de los territorios y, lo que es peor, no está funcionando. Queremos respuestas claras y soluciones reales, no parches”, concluyó Randa Mohamed.
