La implantación de la nueva jornada laboral de 35 horas semanales de promedio en los centros e instituciones de la Administración General del Estado ha generado un nuevo enfrentamiento en el Área Sanitaria de Melilla entre el Ingesa y la Junta de Personal. El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha defendido públicamente la nueva resolución que entrará en vigor el próximo 1 de junio de 2026 y ha acusado a algunos representantes sindicales de difundir “errores”, “bulos” y “falsedades” sobre su aplicación.
En un extenso comunicado, el Ingesa sostiene que no existe precedente en España de oposición a una medida que permitirá trabajar menos horas manteniendo las mismas retribuciones. Según explica, la nueva jornada reducirá el tiempo anual de trabajo de 1.645 a 1.533 horas, lo que supone 112 horas menos al año respecto a la jornada previa de 37,5 horas semanales.
Además, el organismo añade que la plantilla dispondrá de un permiso retribuido adicional de siete horas, lo que situará la reducción total en 119 horas anuales menos de trabajo. En el caso del personal sometido a turnicidad de mañana, tarde y noche, la disminución de jornada podría alcanzar hasta las 225 horas anuales menos, quedando fijada en 1.420 horas al año.
El Ingesa recalca que estas reducciones se aplicarán sin disminución salarial y recuerda que las retribuciones del personal sanitario de Melilla se encuentran entre las más elevadas del Sistema Nacional de Salud. También señala que a las nuevas jornadas aún habría que restar los días adicionales de vacaciones y libre disposición por antigüedad reconocidos a cada profesional.
Según expone el organismo, un trabajador medio del Área Sanitaria de Melilla, con entre 40 y 55 años y unos 25 años de antigüedad, pasaría a realizar una jornada efectiva “muy poco superior a las 1.400 horas anuales”, e incluso inferior en algunos casos vinculados a turnos nocturnos o mayor experiencia profesional.
En este contexto, el Ingesa considera “incomprensible” la oposición manifestada desde la Junta de Personal y critica especialmente declaraciones públicas en las que se habría hablado de “merma de derechos consolidados”, “recortes” o “efectos negativos” derivados de la nueva regulación horaria.
El organismo rechaza de forma tajante esas afirmaciones y sostiene que resulta contradictorio presentar como perjudicial una medida que implica trabajar menos horas cobrando el mismo salario. Además, insiste en que la reducción de jornada supondrá un incremento del gasto público debido a la necesidad de reforzar turnos y contratar más personal para cubrir la disminución de horas trabajadas.
El comunicado también responde directamente a las críticas relacionadas con el cómputo del trabajo nocturno. En concreto, el Ingesa desmiente las declaraciones del presidente de la Junta de Personal sobre un supuesto factor de ponderación del horario nocturno de 1,08 y afirma que el valor real es de 1,119, aplicándose mediante la misma fórmula utilizada por el Servicio Andaluz de Salud.
Asimismo, subraya que la nueva resolución fue remitida a todos los profesionales a través del correo corporativo y publicada en la página web oficial, por lo que considera que cualquier trabajador puede consultar directamente el contenido íntegro del documento “sin manipulaciones intermediarias”.
El organismo sanitario también recuerda que previamente ya se había acusado al Ingesa de retrasar la aplicación de la jornada de 35 horas cuando, según afirma, todavía no era legalmente posible implantarla hasta la publicación de la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública que establecía las condiciones y plazos necesarios.
En defensa de su actuación, el Ingesa destaca que el personal de las áreas sanitarias dependientes del organismo, junto al Centro Nacional de Dosimetría de Valencia, será el primero de todo el Ministerio de Sanidad en ver confirmada oficialmente la aplicación de la jornada de 35 horas semanales.
Además, recalca que el nuevo sistema entrará en vigor el 1 de junio de 2026, la primera fecha posible legalmente tras la publicación de la resolución estatal. Según señala, otros hospitales dependientes de la Administración General del Estado, incluidos los vinculados al Ministerio de Defensa, aún no han confirmado la aplicación de esta medida.
La nueva resolución también incorpora otros aspectos relacionados con permisos, vacaciones y conciliación laboral. Entre ellos, el mantenimiento del calendario vacacional ya aprobado para el presente año, la garantía de disfrutar vacaciones coincidiendo con el periodo escolar y nuevas medidas de flexibilidad horaria.
El INGESA explica igualmente que los trabajadores podrán solicitar una bolsa de horas equivalente al 5% de la jornada anual para el cuidado de menores, mayores o personas dependientes en los casos previstos legalmente.
Respecto a los servicios de Emergencias 061 y SUAP, el organismo aclara que su regulación no puede modificarse dentro de esta resolución concreta y que se elaborará una normativa específica para actualizar el régimen vigente desde 2007.
Por último, el comunicado insiste en que los días 24 y 31 de diciembre continuarán siendo retribuidos como festivos especiales para quienes deban trabajar en esas fechas, aunque recuerda que los hospitales deben permanecer abiertos durante todo el año.
El Ingesa concluye defendiendo que la nueva resolución amplía derechos laborales y mejora las condiciones de la plantilla estatutaria, al tiempo que acusa a quienes critican la medida de alimentar una controversia basada en informaciones falsas o inexactas.
