El Gobierno exige respeto en la gestión de menores migrantes

Melilla ha sido históricamente uno de los principales puntos de entrada de menores extranjeros no acompañados (MENAs) a España, y el presidente Juan José Imbroda no está dispuesto a que esta realidad se siga ignorando. Durante su comparecencia ante los medios, tras la última Conferencia Sectorial sobre Inmigración convocada por el Gobierno central, el líder del Ejecutivo melillense arremetió contra lo que considera una falta total de respeto institucional hacia la ciudad autónoma.

"Nosotros nos prestamos al cachondeo hasta cierto punto, ¿comprende? Nosotros no estamos ahora para cachondeo y para cosas de estas. Vamos a ser serios", afirmó Imbroda en un tono visiblemente molesto. El presidente argumentó que Melilla ha acogido, históricamente, más menores que ninguna otra comunidad o territorio del país, con cifras que, en su momento álgido, superaban los 2.000 menores en la ciudad, mientras que el total nacional rondaba los 8.000.

La deuda con Melilla: 120 millones de euros

Una de las principales denuncias del Gobierno melillense es el grave déficit de financiación que arrastra el Estado con respecto a la gestión de estos menores. Imbroda cuantificó en 120 millones de euros la deuda que el Ejecutivo central mantiene con Melilla por el gasto acumulado en la atención a estos menores en los últimos años.

“El coste por menor está entre los 50.000 y 55.000 euros anuales”, detalló Imbroda. Actualmente, la ciudad mantiene una infraestructura amplia y costosa para esta atención, que incluye el Centro de La Purísima, con una plantilla de 140 trabajadores, además del Centro Asistencial, la Divina Infantil y otros recursos de acogida. "Tenemos capacidad para 180 menores. ¿Nos van a mandar más?", se preguntó indignado.

Marginados en la Conferencia Sectorial

El detonante de la actual crisis institucional ha sido la reciente Conferencia Sectorial celebrada por el Gobierno, en la que se convocó a las comunidades y ciudades autónomas para abordar la redistribución de menores migrantes en todo el territorio nacional. Imbroda denunció que el evento fue un "desastre" y cargó duramente contra el Ejecutivo por lo que considera un ninguneo absoluto a Melilla.

“No nos dejaron ni votar. A Melilla no la dejaron ni hablar. Y tenemos mucho que decir”, enfatizó. En su opinión, resulta inadmisible que se quiera imponer un nuevo reparto de menores sin tener en cuenta ni el historial de carga que ha asumido Melilla ni su situación actual. "Un respeto para Melilla y un respeto para lo que ha hecho esta ciudad", zanjó.

Rechazo a nuevas imposiciones sin diálogo

A la pregunta de si Melilla actualizará las cifras de menores como ha solicitado el Gobierno, Imbroda no dejó lugar a dudas: el Gobierno local no está dispuesto a colaborar ciegamente con lo que considera una estrategia unilateral y sin diálogo. “¿Cómo es que nos convocan ni para una reunión para ver cómo lo repartimos y para mandárnoslos?”, criticó, sugiriendo que el Gobierno central actúa con improvisación y falta de transparencia.

El presidente dejó en claro que no se trata de una negativa a la cooperación entre administraciones, sino de la exigencia de ser tratados con equidad y respeto. "Melilla ha hecho un esfuerzo descomunal y no puede seguir siendo la ciudad que lo aguanta todo sin que se le escuche ni se le compense", afirmó.

Melilla exige protagonismo y soluciones estructurales

La posición de Melilla es clara: la gestión de los menores migrantes debe abordarse desde un enfoque estatal, coordinado y con responsabilidad compartida, y no como una carga depositada desproporcionadamente sobre determinados territorios.

Imbroda también aludió a otras comunidades autónomas que han manifestado su disconformidad con el contenido y las formas de esta conferencia, señalando que Melilla podría declarar nulo este encuentro si se siguen ignorando sus aportaciones. “Lo que no puede ser es que una ciudad como la nuestra, que ha soportado un peso histórico inmenso, siga siendo marginada del debate”.

Un llamamiento a la seriedad y la justicia

Finalmente, el presidente hizo un llamamiento a la seriedad institucional, al diálogo interterritorial real y a la compensación económica justa. "No pedimos privilegios. Pedimos justicia. Y pedimos respeto", concluyó. Las palabras de Imbroda marcan un punto de inflexión en la relación entre Melilla y el Gobierno central en este asunto, dejando claro que la ciudad autónoma no aceptará más decisiones impuestas sin voz ni voto.