El Gobierno advierte que el corte de agua podría durar todo el fin de semana

El suministro de agua en Melilla seguirá viéndose afectado durante todo el fin de semana debido a la imposibilidad de reactivar la planta desaladora, cuya actividad quedó paralizada el pasado martes 11 de junio tras un disparo del sistema eléctrico general. Así lo ha comunicado la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza del Gobierno de la Ciudad Autónoma, que ha pedido a la ciudadanía un uso racional y responsable del agua para evitar un mayor impacto en la disponibilidad del recurso.

El incidente ocurrió a las 11:15 horas y provocó la interrupción total tanto de la desaladora como de los pozos que abastecen la red de distribución. Desde entonces, la instalación no ha podido ser rearmada, lo que obligó a establecer cortes en el suministro desde las 14:00 horas de ese mismo día. Aunque los trabajos para restablecer el servicio están en marcha, las autoridades consideran improbable que se recupere la normalidad antes del lunes.

Para acometer las reparaciones necesarias, este viernes llegó a Melilla un técnico especializado con el material y herramientas adecuados para diagnosticar y resolver los problemas que impiden el funcionamiento de la planta. Según el Ejecutivo local, se están empleando todos los medios disponibles para solventar la situación cuanto antes.

El consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, ha subrayado la gravedad del estado en que se encuentra la desaladora, recordando que fue cedida en marzo de este año por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sin la documentación técnica exigida y con numerosas deficiencias estructurales.

“La planta debería estar produciendo 32.000 metros cúbicos de agua al día, pero nos la entregaron con tres módulos de 18 años y sin mantenimiento adecuado”, explicó el consejero. También señaló que el cuarto módulo, de reciente construcción, nunca ha funcionado correctamente y sufrió una grave rotura el pasado 31 de enero, lo que impidió comprobar el funcionamiento conjunto de las cuatro unidades. El incidente se produjo en un tubo de presión del bastidor nuevo, lo que provocó importantes daños en la instalación, aunque sin causar lesiones personales.

Ventura ha anunciado que el Gobierno de Melilla llevará a los tribunales a la CHG y al MITECO por los incumplimientos recogidos en el acta de entrega, los cuales incluyen la ausencia de manuales de operación, certificados de calidad, documentación de calibraciones y otras garantías esenciales para el funcionamiento seguro y legal de la infraestructura. Según denuncian desde la Ciudad Autónoma, aún no han recibido ningún documento que acredite la legalidad y operatividad de la planta, más de un año después del acuerdo de cesión.

En medio de esta crisis hídrica, la empresa Endesa fue señalada inicialmente como posible responsable del fallo eléctrico que paralizó la desaladora. Sin embargo, tanto la compañía como el consejero Ventura han aclarado que no existe relación entre el disparo eléctrico y el servicio suministrado por la eléctrica.

“El disparo se produjo en un sistema independiente del suministro de Endesa. Los informes técnicos disponibles descartan cualquier responsabilidad de la compañía”, indicó Ventura. Por su parte, Endesa negó rotundamente estar implicada. Según fuentes de la empresa, el suministro eléctrico general en Melilla ha funcionado con normalidad y de forma ininterrumpida desde 2024.

El Gobierno local continúa evaluando la situación técnica de la planta y asegura que se seguirán proporcionando actualizaciones conforme avancen las labores de reparación. Mientras tanto, insiste en la necesidad de hacer un uso responsable del agua, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio, para minimizar el impacto de la interrupción en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Con esta nueva avería y ante la precariedad de las infraestructuras hídricas de la ciudad, el Ejecutivo melillense refuerza su demanda de inversiones y soluciones estructurales por parte del Estado para garantizar un suministro de agua seguro, estable y acorde con las necesidades de la población. Además, se compromete a mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en la recuperación del servicio.